De un tiempo a esta parte la normativa sobre medio ambiente está cambiando a una velocidad nunca antes conocida, tanto por su adaptación a nuevas formas de entender la conservación de los ecosistemas, como a la necesidad de agilizar trámites relacionados con la actividad económica.

Sorprendentemente, las novedades legislativas del sector ambiental van acompañadas de un importante ruido mediático. Cada nueva ley o cambio en algún reglamento viene acompañado de noticias y es motivo de comentario en alguna que otra tertulia. Quizá porque una población más concienciada con el medio ambiente demanda este tipo de información. Tal vez porque distintos agentes interesados generan o facilitan la difusión de contenidos sobre la materia.

La Ley de Costas ha estado presente en los informativos de mayor audiencia, la inclusión del fracking en la normativa de evaluación de ambiental ha generado algún que otro titular y eso por no hablar del búnquering y otras actividades con impacto en los ecosistemas cercanos a Gibraltar.

Supongo que ese ruido mediático, unas veces para tranquilizar al sector empresarial con informaciones sobre la flexibilización de procedimientos administrativos para la autorización de actividades, otras para calmar la inquietud popular en relación a la conservación de determinados valores naturales, no es del todo gratuito.

Cuando uno lee artículos en prensa generalista o escucha las noticias sobre la legislación ambiental queda con la impresión de que el discurso está demasiado dirigido. Hay más información, pero bastante parcial y sesgada según la fuente. El que se queda sólo con el titular se va con la idea que quería transmitirle el que ha generado la nota de prensa reproducida en la noticia.

Sí, es cierto que existe una notable flexibilización en la forma de autorizar actividades desde el punto de vista ambiental, pero con una nada despreciable carga de responsabilidad sobre el empresario promotor. Sí, se mejora la seguridad jurídica aclarando conceptos, pero se reduce el ámbito de aplicación de los requisitos más estrictos.

Recibimos como positivo todo lo que tiene que ver con fomentar la reactivación económica, especialmente si suena a verde, pero debajo de una capa superficial podemos estar tapando intereses perversos y efectos que a medio y largo plazo serán desastrosos en el modelo de desarrollo. Una cosa es lo que se dice en el articulado y otra muy distinta lo que se recoge en las notas de prensa, sean políticas, corporativas o ecologistas. Todas tienen su sesgo condicionado por objetivos particulares más que por el acto legislativo que divulgan. Se echa de menos espíritu crítico y capacidad para contrastar las declaraciones de los agentes implicados, con intereses concretos en la interpretación que la sociedad hace de las novedades reglamentarias.

Así pues, si te interesa la legislación ambiental, especialmente si la tienes que aplicar en tu actividad o vas a elaborar contenidos para informar sobre los nuevos desarrollos normativos, te recomendaría encarecidamente que le dedicases un rato a leer las leyes: es la única forma de entender su verdadero alcance y los efectos que realmente pueden tener sobre la economía, la conservación del medio natural o la protección de la salud de las personas (que, no tan en el fondo, es la base de la mayor parte de la normativa de carácter ambiental). El parecido, de cualquier resumen publicado en un medio de comunicación de masas, con la realidad es pura coincidencia.

Alberto Vizcaíno colabora con el Instituto Superior del Medio Ambiente como docente de los cursos: Legislación Ambiental y Agenda 21 y Herramientas de Sostenibilidad