Cuando hablamos de conservación de la naturaleza, sostenibilidad, desarrollo sostenible, gestión ambiental y otras estrategias para conseguir reducir el impacto de nuestras actividades humanas sobre el entorno que nos rodea, la legislación juega un papel clave. Sin ese conjunto de normas, sería bastante complicado que muchas organizaciones se planteasen incorporar a su forma de hacer criterios para reducir sus externalidades negativas.
Por encima de la conciencia o la filosofía de cada organización, la legislación ambiental, ese conjunto de reglas decididas a favor del interés general en el contexto del sistema democrático, pone unos límites claros que promueven cambios en las organizaciones hacia modelos de producción más respetuosos con el entorno.
De una parte, los avances legislativos requieren a profesionales capaces de traducir el lenguaje jurídico a la jerga propia de la gestión. Incorporando disposiciones legales a procedimientos e instrucciones de trabajo, de modo que se asuman las nuevas obligaciones con el menor coste. Y que sean asumidas con normalidad en la actividad cotidiana.
Por otro lado, nuevas obligaciones legales, tanto para las empresas como para la Administración, generan nuevos nichos de actividad y especialización, tal y como está ocurriendo con el desarrollo de normativas como la relativa a la responsabilidad por daños al medio ambiente o la que regula el acceso a la información ambiental.
Y tal cual se recoge en el documento recientemente publicado por la Fundación Biodiversidad, “Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso español”.
“Unida a la progresiva mejora del conocimiento y la mayor conciencia ecológica de la sociedad, la principal fuerza motriz de la generación de actividades y empleos relacionados con el medio ambiente es toda la amplia gama de legislación –ambiental, económica, laboral y sectorial–, incluyendo los mecanismos reguladores y de planificación y de gestión. La puesta en marcha de las estrategias, leyes, planes y programas implica la definición, desarrollo y, en ocasiones, financiación directa de nichos de empleos relacionados con el medio ambiente.”
Así, el acercamiento al Derecho ambiental por parte de distintos profesionales con diferentes perfiles puede ser un factor clave, tanto para diferenciar su curriculum, como para encontrar las oportunidades de empleo y emprendimiento que surgen a medida que una mayor conciencia social se traduce en nuevos desarrollos legislativos
Alberto Vizcaíno colabora con el Instituto Superior del Medio Ambiente como docente de los cursos: Legislación Ambiental y Transporte de Mercancías Peligrosas
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