La crisis no es excusa, no podemos bajar la guardia en la conservación del Medio Ambiente

Últimamente, asistimos con preocupación a una creciente corriente general que tiende a justificar distintas acciones e intenciones que llevan implícitas altas dosis de relajación desde una perspectiva legal o incluso desde el sentido común. Quiero decir, que a veces, la -por desgracia- omnipresente crisis se justifica como la excusa perfecta para la relajación en el cumplimiento de requisitos legales, sociales, y también, por qué no decirlo, morales, tanto por parte de las administraciones públicas como de las entidades privadas.

Quiero profundizar en tal afirmación, que luego apoyaré con ejemplos concretos, señalando que, tal relajación se produce sobremanera, cuando hablamos de “gestión ambiental”, entendiendo esta en un amplio sentido, que englobe ámbitos como la regulación, la conservación, o la divulgación, entre otros. Y en este preciso punto, creo que todos incurrimos en un grave error desde el momento en el que consideramos al Medio Ambiente como un lujo que nos podemos permitir en épocas de bonanza, pero del que podemos prescindir sin mayores problemas cuando la situación económica no es favorable, tal y como ocurre hoy, en pleno 2012.

Carrizo de la pampa o "plumero", una especie invasora en continua expansión

Según esta concepción extremadamente materialista -y equivocada, en mi opinión- la protección del medio ambiente es prescindible, o en el mejor de los casos, supeditable a los intereses económicos. Si bien esta última cuestión ya justificaría per se un artículo específico, no quiero dejar pasar la oportunidad de defender que el medio ambiente y su conservación debiera constituir siempre una prioridad absoluta para las políticas públicas, ya que sólo si contamos con un entorno sano, será posible que podamos desarrollar (nosotros y nuestros descendientes) una existencia plena desde un plano tanto físico como emocional.

Políticas públicas y privadas.

Si bien estas consideraciones tienen un carácter general, perfectamente podemos aplicarlas a la realidad concreta de Cantabria, en la que se reproducen las tendencias dominantes en una escala más global. Analizaremos para ello dos situaciones distintas, diferenciando las políticas públicas de las iniciativas privadas:

-Si pensamos en las políticas públicas que emanan de las distintas administraciones competentes en materia ambiental, comprobaremos que en los últimos años las partidas presupuestarias destinadas a la conservación del medio ambiente se han reducido de forma muy preocupante, hasta el punto de que numerosas actuaciones (no tienen que ser necesariamente obras) ambientales se han paralizado o se desarrollan de forma precaria, pese al esfuerzo -me consta- de los gestores y técnicos involucrados; lo cual necesariamente repercutirá en un plazo relativamente breve en la merma de la calidad ambiental de nuestra comunidad.

Otra consecuencia directa de esta situación sería la pérdida considerable de puestos de trabajo muy cualificados, situación que contribuye a engrosar las filas cada vez más dramáticas del desempleo.

-Por lo que se refiere a la iniciativa privada, golpeada duramente por la pertinaz crisis económica que la mayoría de los ciudadanos estamos sufriendo en nuestras carnes, corremos el riesgo de que se relajen determinantes parámetros ambientales como pueden ser los necesarios permisos y licencias administrativas, la emisión de contaminantes atmosféricos, generación de residuos y vertidos, etc.

Y ello no es causa de justificación, entre otras cosas, porque en los no tan lejanos tiempos de bonanza, también se utilizaban los problemas económicos como justificante para no abordar las inversiones necesarias para ajustar los procesos productivos a los parámetros establecidos por la legislación ambiental. Numerosos ejemplos de ello existen en el reducido territorio de Cantabria, por lo que obviaré citar supuestos concretos.

Vertido de aguas residuales de origen industrial en Cantabria

Riesgos concretos: el “fracking”.

Con este caldo de cultivo, existen -al menos en mi opinión- actualmente graves riesgos de que, en aras a una no siempre segura rentabilidad económica, los instrumentos y herramientas de protección ambiental se relajen (por no decir que se ignoren) definitivamente, de manera que nuestro extraordinario patrimonio natural se vea afectado de una manera irreversible. Y en este punto, aunque el tema daría para varios artículos específicos, me resulta imposible no referirme a los proyectos de extracción de gas natural y otros hidrocarburos mediante el sistema de “fracking” que tan de actualidad están en nuestra comunidad.

Este sistema, que viene desarrollándose desde hace años en Estados Unidos, y que ahora amenaza con desembarcar en la vieja Europa, es característico por las graves agresiones que realiza al medio ambiente, entre las que se podrían destacar la contaminación del suelo y del subsuelo con las sustancias químicas que se añaden al agua a presión y los gases que se liberan como consecuencia de las perforaciones, que afectan a las aguas subterráneas y superficiales. De las numerosas afecciones que esta técnica conllevaría para nuestros recursos, la que más me preocupa es sin duda la contaminación de los acuíferos, que equivale a hablar de la contaminación del agua con la que luego se abastecerían las redes hidráulicas que trasladan el agua hasta nuestros hogares.

Por todo ello, reivindico, y con ello finalizo mi argumentación, que nunca la crisis económica puede servir como excusa para relajar los requisitos legales que cualquier obra o proyecto con incidencia ambiental necesariamente han de obtener antes de llevarse a cabo. Trasladando esta máxima al caso del “fracking”, creo que sería imposible, con la ley en la mano, que tales proyectos superasen el procedimiento administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental.