Otro punto interesante, en relación a la evaluación ambiental, abordado en el Informe Anual de 2010 a las Cortes Generales del Defensor del Pueblo, es el relativo a la evaluación de la alternativa cero, tanto para los casos de evaluación estratégica de planes y programas como en el caso de evaluación ambiental de proyectos. Destaca la Defensoría que la falta de consideración de una alternativa cero transforma el procedimiento de evaluación en un mero trámite, siento necesario tomar en consideración la posibilidad de no intervención como la mejor opción estratégica o ambientalmente hablando.
En este sentido, en el Informe se plantea que “La evaluación ambiental está pensada no para alcanzar una declaración de viabilidad ambiental de los planes y proyectos sino para evitar agresiones a la naturaleza.” “Los motivos de la ley residen en poder elegir, entre diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad planeada o proyectada. Pero esta elección, si ha de poder alcanzar tal finalidad, ha de poder recaer -como alternativa posible- en la alternativa de no realizarse, y por tanto esa alternativa ha de poder tener algún lugar en el proceso de evaluación”.
Este planteamiento, tal y como expone el Defensor del Pueblo afirmando que “evaluación está pensada no para alcanzar una declaración de viabilidad ambiental de los proyectos sino para evitar agresiones contra la naturaleza”, permitiría una evaluación efectiva de la viabilidad ambiental, que prevendría del pernicioso planteamiento de que cualquier actuación tiene un impacto y hay que escoger, entre las actuaciones posibles, la menos mala. ¿Es necesario intervenir? ¿Aporta solución a un problema real afectar irreversiblemente a ecosistemas naturales? ¿Existen formas alternativas de abordar ese problema? Esta línea argumental se ejemplifica con un caso concreto: “no se evalúa el proyecto que podríamos denominar “Soluciones a la conexión de viales Campo Romanos-Calatayud”, sino directamente el “Proyecto de autovía Campo Romanos-Calatayud”. De esta manera, la evaluación nace coja, al no estudiar la posibilidad de no realizar el proyecto”.
Si estamos de acuerdo en que una economía basada en la devastación del medio natural que la sustenta es insostenible. Que los procesos de toma de decisiones enfocados a garantizar los intereses de unos pocos privilegiados dilapidan recursos públicos y no se traducen en mejoras sensibles en el bienestar del conjunto de la sociedad. Demos el valor que tiene a la valoración de la alternativa cero, contemplada en la legislación como una forma de asegurar la conservación del patrimonio común frente a intereses especulativos y actuaciones injustificadas.
Tal vez, ahora más que nunca, es el momento de buscar soluciones imaginativas al desarrollo de soluciones para la satisfacción de las necesidades humanas sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades.
Alberto Vizcaíno, Licenciado en Ciencias Ambientales y Productor de Sostenibilidad, es profesor en el curso Legislación Ambiental del Instituto Superior del Medio Ambiente
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