La Comisión Europea (CE) dio este miércoles 12 un ultimátum de dos meses a España para cumplir con la legislación europea sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas y así proteger a la población contra la contaminación de esos líquidos.
Bruselas ha decidido enviar a Madrid un dictamen motivado, el segundo paso en el procedimiento de infracción comunitario y el último antes de enviar a un país al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por no respetar los requisitos de la directiva sobre esa materia.
Normativa europea sobre aguas residuales
La CE explicó en un comunicado que:
Los Estados miembros de la UE deben establecer un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2 000 equivalentes habitante, y un tratamiento más avanzado para las aglomeraciones urbanas de más de 10 000 equivalentes habitante en zonas sensibles designadas
El tratamiento secundario complementa la eliminación de materia sólida procedente de aguas residuales urbanas (el denominado tratamiento primario) con la descomposición de las sustancias orgánicas mediante bacterias.
A veces, se requiere un tratamiento adicional, el terciario, para proteger los medios acuáticos sensibles. El tratamiento terciario puede consistir en la desinfección del líquido sometido a tratamiento para proteger las aguas de baño o las aguas para cría de moluscos, precisó Bruselas.
También puede consistir en la eliminación de fósforo o nitratos para proteger las aguas que se hallen amenazadas por la eutrofización, un incremento de sustancias nutritivas en aguas dulces de lagos y embalses, que provoca un exceso de fitoplancton, es decir, de organismos vegetales como algas microscópicas.
Incumplimiento
Las investigaciones de la Comisión revelaron un incumplimiento generalizado de las obligaciones de la legislación principalmente en grandes aglomeraciones españolas y, en diciembre de 2016, se envió una carta de emplazamiento, primer paso en el procedimiento de infracción de la UE.
La Comisión añadió que una evaluación técnica de las respuestas de España muestra que siguen incumpliéndose a gran escala las obligaciones de la directiva, dado que 133 aglomeraciones urbanas vierten en zonas normales o en zonas sensibles.
Así, la Comisión ha decidido enviar el dictamen motivado para que “acelere” el cumplimiento.
España dispone ahora de dos meses para contestar y si el país no actúa en ese periodo, el Ejecutivo comunitario podría enviar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.
Fuente: EFEverde
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