Teresa Ribera reafirma en la COP su compromiso con una transición ecológica que “no deje a nadie atrás»

• La ministra para la Transición Ecológica ha anunciado que el Gobierno presentará próximamente su propuesta de Estrategia Nacional de Transición Justa
• El marco normativo, uno de los primeros que se aprobarán en el contexto internacional, recogerá las directrices acordadas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Transición Justa, combinando políticas industriales y sectoriales con medidas de protección social y políticas activas de empleo
• La Estrategia contempla convenios de Transición Justa para generar actividad y empleo a medio y largo plazo en los territorios afectados, donde los diferentes actores se implicarán en la elaboración de planes de reactivación con acciones concretas. Estos contratos recibirán apoyo financiero y técnico de la Administración

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con una transición ecológica y justa, que “no deje a nadie atrás”. En un encuentro sobre la cuestión en el marco de la 24ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que se celebra en Katowice, ha explicado que el Ejecutivo español presentará próximamente la Estrategia Nacional de Transición Justa, uno de los primeros marcos regulatorios en la materia que se aprobarán en el ámbito internacional.

“Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios”, ha apuntado la titular de Transición Ecológica.

“No dejar a nadie atrás implica atender las realidades del corto plazo, pero la transición justa requiere de marcos que garanticen empleo y calidad de vida en todos los territorios, tanto en el medio como el largo plazo”, ha añadido.

La Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones de efecto invernadero, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica.

Para su elaboración, el Ejecutivo español está siguiendo las directrices acordadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, entre otras cuestiones, el marco diseñará políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica y de empleo y formación profesional para asegurar que el tránsito hacia una economía baja en carbono sea justo y socialmente beneficioso.

CONVENIOS DE TRANSICIÓN JUSTA

Con el propósito de anticipar los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios, la Estrategia articulará la fórmula de los convenios de Transición Justa. El objetivo es apoyar las iniciativas económicas que se determinen como idóneas para los diferentes contextos socioeconómicos y laborales de las zonas afectadas.

A través de estos acuerdos, podrán participar en proyectos de desarrollo territorial diferentes actores: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales y las distintas Administraciones.

Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y otras administraciones públicas, en particular con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.

Entre otras cuestiones, los convenios incorporarán una evaluación del estado de vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, así como los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición. También las medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos reflejados en el convenio y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

EL ACUERDO MINERO, PRIMER PASO

El pasado mes de octubre, el Gobierno de España y el sector de la minería del carbón firmaron un acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Con él, se da respuesta a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre obligado -a finales de 2018- de las minas de carbón en cumplimiento de la normativa comunitaria. El sector de la minería en España ya sufrió una transformación significativa en la década de 1990, pasando de 45.000 mineros a los alrededor de 2.000, en la actualidad.

El acuerdo recoge tres tipos de medidas que tienen como objetivo común sentar las bases de una transición justa para trabajadores y territorios en las zonas especialmente implicadas en el futuro económico descarbonizado, hacia el que debemos avanzar. En primer lugar, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de las empresas mineras abocadas al cierre en cumplimiento de la legislación de la Unión Europea.

En segundo lugar, se diseñará un plan de formación y apoyo a la inserción laboral concebido para los trabajadores de minería, incluyendo a los trabajadores de las empresas de subcontratación, para ajustarse a las nuevas necesidades de empleo que surgirán en el nuevo entorno productivo.

Y, por último, el acuerdo prevé un fondo de 250 millones de euros, para un periodo de cinco años, destinado al apoyo de iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas afectadas para lograr su transformación estructural, la recuperación económica y el bienestar social.

Se lanzará un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno convenios de transición justa.