La norma impondrá tasas de reciclaje más duras a los municipios y vetará la destrucción de excedentes de producción en la moda y aparatos eléctricos
En España se recicla solo el 37,8% de los desechos del país
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para impulsar «una auténtica revolución verde», según ha destacado la portavoz del Gobierno. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado la normativa para cumplir con los nuevos objetivos fijados en las directivas comunitarias del Paquete de Economía Circular y en la directiva de plásticos de un solo uso.
La norma pretende impulsar en España una economía circular y baja en carbono. Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el anteproyecto iniciará inmediatamente el trámite de información pública, así como los restantes procesos de consulta y participación.
La ley tiene dos objetivos fundamentales: establecer medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana, reduciendo la generación de residuos y su impacto en el medio ambiente y como objetivo específico disminuir el uso de productos de plástico para mitigar su huella contaminante, en particular en el medio acuático.
El Gobierno también ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), España Circular 2030, y un real decreto que mejora la trazabilidad y el control de los traslados de residuos, tres elementos clave del marco de economía circular que el Gobierno quiere usar como palanca para la recuperación económica tras la crisis sanitaria por el coronavirus.
Ribera también ha explicado que favorecerán las soluciones innovadoras que traten de reintroducir en el mercado los materiales reciclados una vez procesados y que una de las claves es el «fomento de la economía local» para impulsar la economía de proximidad.
Así, el anteproyecto traspone la directiva de residuos de 2018 y la de plásticos de un solo uso. Por primera vez, la legislación española limita los plásticos de usar y tirar, restringiendo su introducción en el mercado.
Impuesto para reducir el uso del plástico
Los envases de plástico de un solo uso serán gravados fiscalmente, ha anunciado Ribera. La vicepresidenta cuarta ha explicado que el tipo impositivo del nuevo impuesto indirecto será de 0,45 euros por kilogramo de envase, una medida con la que se estima una recaudación de cerca de 724 millones de euros.
En concreto, deberá disminuir el uso de los vasos de plástico para bebidas, tapas y tapones, así como los recipientes para alimentos, tales como cajas, envases de comida rápida o de otros alimentos de consumo inmediato.
Para estos productos se plantea una reducción del 50 % en su comercialización en 2026; y del 70 % en 2030, con respecto al año de referencia de 2022. Para cumplir con estos objetivos, todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.
A partir del 1 de enero de 2023 queda prohibida su distribución gratuita y debe cobrarse un precio por cada producto de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.
Fuera del mercado: bastoncillos, pajitas, platos, cubiertos…
Según el texto, a partir del 3 de julio de 2021 quedaría prohibido introducir en el mercado: bastoncillos de algodón, excepto si entran en el ámbito de los productos sanitarios; cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); platos; pajitas y agitadores de bebidas; así como los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
Asimismo se prohíbe cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxodegradable y el uso de cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos intencionadamente.
El anteproyecto recoge requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones que permanezcan unidos al recipiente o botellas PET con un 25-30% de plástico reciclado) y obligación de marcado para una serie de productos, así como medidas de concienciación para los consumidores con el fin de reducir la basura dispersa.
En relación a las botellas de plástico se regulan objetivos de recogida separada: en 2025 se deben recoger separadamente el 77 % en peso respecto al introducido en el mercado, este umbral aumenta al 90 % en 2029.
Contra el desperdicio alimentario
En la lucha contra el desperdicio alimentario, se incluyen medidas para reducir los residuos alimentarios que se dirigen a las industrias alimentarias, las empresas de distribución y de restauración. Asimismo, se insta a las administraciones competentes a frenar la generación de basura dispersa en el medio marino como contribución al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, de prevenir y reducir la contaminación marina.
Para alargar la vida útil de los productos y combatir la obsolescencia programada, habrá que fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes «en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables» y promover la reparación y reutilización, en particular para aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción.
Agua gratis en bares y restaurantes
Con el objetivo de reducir el consumo de envases, las administraciones públicas deberán reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias, entre otras, mediante el fomento de fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrando agua en envases reutilizables.
Asimismo, en los establecimientos de hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a su oferta.
Al margen de lo anterior, en el ámbito de la prevención quedará prohibida a partir de 2021 la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros.
En cuanto al resto de residuos, el texto fija un calendario de implantación para nuevas recogidas separadas: biorresiduos, cuyo calendario se adelanta al 31 de diciembre de 2021 para los municipios de más de 5.000 habitantes y a 31 de diciembre de 2023 para el resto; y textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, antes del 31 de diciembre de 2024.
Al mismo tiempo fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: en 2025, el 55% respecto de los residuos municipales generados; en 2030, el 60%, y en 2035, el 65%. Y regula la eliminación de los residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura, y en el caso del depósito en vertedero, tras haber sido sometidos a un tratamiento previo.
Impulso a la economía circular
Otro de los puntos más destacados del anteproyecto es la gestión adecuada los residuos, y también la utilización de esos residuos como recursos para generar otros productos, favoreciendo así el paso de una economía lineal (producir-consumir-tirar) a una circular donde se apuesta por un sistema respetuoso con el medio ambiente y basado en la reutilización y el reciclaje. Este modelo permite extender la vida útil de los productos y dotarlos de una segunda vida.
Acceso al documento del anteproyecto de la ley, actualmente en información pública hasta el 3 de julio de 2020.
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