El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han pedido la devolución al Gobierno de la Ley que ha presentado de Responsabilidad Ambiental, en sendas enmiendas de totalidad,  que previsiblemente serán debatidas en el Pleno del Congreso del jueves de la próxima semana.

Todos ellos cuestionan la oportunidad de llevar a cabo una modificación de la esta normativa cuando en estos mismos momentos la UE está estudiando la reforma de la directiva sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

«Esto implicará una situación de provisionalidad o transitoriedad de la ley vigente que no favorece ni la seguridad jurídica y ninguno de los objetivos que supuestamente esta norma dice perseguir. Lo que puede suponer que en breve haya que volver a revisar esta ley para adecuarla a la directiva», sostiene la Izquierda Plural.

Desde el PSOE indican que en un plazo corto, en cuanto la nueva Directiva entre en vigor, serán otra vez necesarias dos reformas parciales en este mismo ámbito, lo que produce «inseguridad jurídica» y por tanto «incertidumbre» en las empresas que muchas veces tienen como factor «determinante» en sus inversiones la existencia de un marco regulatorio estable.

UPyD cree también que habría que esperar a que desde la Unión Europea se establezca con mayor precisión un sistema más completo de responsabilidad por daños medioambientales y «no parchear» la actual Ley.

Ausencia de instituciones

Los tres grupos parlamentarios coinciden también en que en él se aprecia la ausencia de participación de dos instituciones que debieran haber intervenido, el Consejo Económico y Social y el Consejo Fiscal, ausencias que también pone de manifiesto el dictamen del Consejo de Estado.

Por parte del PSOE defienden que el único motivo que persigue el Gobierno al presentar esta iniciativa es el «económico», ya que muchos de los operadores económicos van a verse liberados de asumir el coste de la prevención de los daños ambientales.

«La estrategia que sigue el Gobierno en materia ambiental obedece a una devaluación interna que quiere disminuir costes empresariales a costa de despreciar, cuando sea necesario, los daños ambientales de su actividad», agrega.

Disminución de responsabilidad y garantía

A su vez, los tres partidos discrepan la necesidad de cambio de la ley 2007, que el texto del Gobierno modifica, porque disminuye la responsabilidad y dificulta su exigencia.»Esto es lo que este Gobierno debería haber desarrollado en lugar de reducir la protección medioambiental y la seguridad.

Lo que persigue el Gobierno con esta modificación es desmontar el sistema de garantías eximiendo al 98 por ciento de las actividades económicas de dichas garantías», agrega la Izquierda Plural.Es más, insiste en que no deja de sorprenderles la «perversión» de justificar este proyecto de ley bajo el objetivo de reforzar los aspectos preventivos, cuando precisamente lo que hace es «diametralmente opuesto» ya que «elimina» la mayor parte de las garantías y los instrumentos de prevención y reparación económica existentes.

Además, indica que al escaso número de actividades a las que se les exige la garantía, les concede un principio de voluntariedad y no de obligación.

De hecho, IU-ICV-CHA explica que en vez de ser la Administración la que determine la responsabilidad de cada empresa (tal y como sucedía con la ley vigente) ahora el operador que esté obligado a constituir la garantía será el que determine su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos de su actividad, y quien comunique a la autoridad competente la constitución de la misma. «Es como si el principio ‘el que contamina, paga’ pasará a ser voluntario», finaliza.

UPyD sostiene por su parte que el sistema que articula este proyecto de Ley rebaja las exigencias recogidas en la normativa anterior, ya sea sustituyendo la autorización administrativa por una simple comunicación (artículo 24), fijando reglamentariamente el sistema de exenciones y, previsiblemente, disminuyendo «notablemente» el número de actividades sujetas a la constitución de garantías (artículo 28).

Por todo ello, desde el Grupo Socialista advierten de que esta normativa tiene como objetivo la reducción en todos los órdenes normativos de lo que se había conseguido que fuera un grado de protección ambiental avanzado.

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