El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado una sanción de 100.001 euros a Iberdrola Distribución Eléctrica por una “infracción muy grave” por la electrocución de un águila imperial ibérica, un ave en peligro de extinción, en uno de sus postes en el término municipal de La Herrera (Albacete). El tribunal establece además una indemnización de 42.920 euros porque el ejemplar quedó discapacitado, según el fallo judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de la primera sentencia firme en España contra una compañía eléctrica por la electrocución de aves, según el abogado David de la Bodega, responsable del Programa Legal de la organización conservacionista SEO/Birdlife.

La sentencia es pionera y sienta un precedente. Un reciente informe del Ministerio de Medio Ambiente calculó que los postes obsoletos —con cables desnudos— que mantienen las principales empresas eléctricas en los campos españoles provocan la muerte por electrocución de al menos 33.000 rapacescada año. Es la primera causa de mortalidad en varias especies en peligro de extinción, como el águila perdicera y el águila imperial ibérica, de la que solo quedan 500 parejas. Estos postes peligrosos se pueden adaptar para evitar riesgos, pero hasta ahora los operadores eléctricos han considerado que no estaban obligados a realizar correcciones si no recibían dinero público para ello.

El nuevo fallo judicial, fechado el 15 de noviembre de 2017, considera acreditado que el 2 de enero de 2014 un pollo de águila imperial ibérica sufrió una descarga eléctrica en un poste de Iberdrola, situado en un área de campeo de estas aves rapaces, dentro de una Zona de Protección de la Avifauna. El ave sobrevivió, quedando irrecuperable para su puesta en libertad al no poder volar.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural requirió el 16 de febrero de 2015 a la empresa que modificase, en un plazo de tres meses, el tendido eléctrico conforme a las imposiciones técnicas de un Real Decreto aprobado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con medidas para la protección de las aves frente a la electrocución. Sin embargo, un agente medioambiental constató el 1 de junio de 2015 que no se habían adoptado las medidas correctoras en el tendido en el cual se electrocutó el ejemplar de águila imperial más de un año antes.

Águila imperial electrocutada. El País

La sentencia subraya que el Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha ya había comunicado el 28 de agosto de 2009 las zonas de protección en las que serían de aplicación las medidas establecidas en el Real Decreto de 2008. El fallo judicial afirma que Iberdrola “no presentó los proyectos correspondientes (disponía del plazo de un año)” y por lo tanto “incurrió en la omisión negligente de una obligación prevista en la ley”. Para el tribunal “pocas dudas puede haber de que tenía conocimiento del riesgo que la línea suponía a partir de la comunicación de esa resolución del 28 de agosto de 2009”.

El 17 de septiembre de 2015, la Consejería acordó iniciar un expediente sancionador. El 1 de diciembre, la empresa presentó una relación de reformas en 251 apoyos realizadas en sus redes de distribución en la provincia de Albacete, en cumplimiento del Real Decreto de 2008. Entre estos postes se encontraba el apoyo en el que fue hallado el ejemplar electrocutado. Finalmente, el 26 de julio de 2016 el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, del PSOE, estableció una sanción de 101.000 euros y una indemnización de 64.380 euros.

La resolución de la Consejería informaba de que, el 5 de julio de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica había negado su responsabilidad en los hechos imputados y había achacado “la responsabilidad de lo acaecido a la Administración, al no haber financiado” la reforma de los postes peligrosos para las aves. La empresa reconoció, según el documento, “no haber presentado el proyecto para adaptar las líneas eléctricas afectadas a la normativa, justificando esta falta de presentación en que no se habrían podido ejecutar debido a la falta de financiación” pública.

El Tribunal Superior de Justicia rechaza la alegación de Iberdrola según la cual las reformas requieren la previa financiación total por parte de la administración competente. El Real Decreto de 2008 prevé que el Gobierno “habilitará los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total de las adaptaciones” de los postes peligrosos. El fallo judicial interpreta que lo que depende de la disponibilidad de la financiación “no es la obligación de presentar el proyecto sino la ejecución del mismo”.

La sentencia también desestima el argumento de Iberdrola de que el animal pudo electrocutarse en otro poste eléctrico de otro propietario y ser transportado como maniobra de confusión hasta el lugar en el que fue encontrado. El agente rechazó esa posibilidad y argumentó que el apoyo  presentaba un claro peligro de electrocución y que por ello hacía tiempo que su diseño ya no estaba permitido.

El tribunal sí acepta la petición de la empresa de reducir la indemnización de 64.380 euros establecida por la Consejería a 42.920 euros, ya que, aunque el ave no podrá reincorporarse a su hábitat natural, sí puede “tener utilidad, al menos hipotética, con fines reproductivos”, según la sentencia. Consultada por este periódico, Iberdrola no ha dado su opinión sobre el fallo judicial.

En julio de 2017, el Gobierno castellanomanchego e Iberdrola anunciaron un acuerdo para la sustitución de los postes peligrosos. Hasta 2020, la eléctrica calcula que sustituirá 2.500 apoyos, principalmente en Albacete y Toledo, con una inversión por parte de la empresa de unos 500.000 euros al año. La Administración pública solo «se encargará de comunicar a la empresa los apoyos a arreglar».

El abogado David de la Bodega cree que el nuevo fallo judicial “abre el melón” para que otras comunidades autónomas actúen contra las compañías eléctricas que no corrijan sus tendidos conforme al Real Decreto de 2008. “Es una sentencia ejemplarizante que puede servir para que las empresas asuman la responsabilidad del daño medioambiental que causan las electrocuciones”, sostiene De la Bodega.

Fuente: El País