España destina elevadas cantidades de dinero cada año para luchar contra los incendios forestales, pero debería reorientar esa inversión y dedicar más recursos a una mejor gestión para prevenir y reducir el coste de apagar los fuegos, han insistido varios especialistas.
Según datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sólo la campaña de verano de este año ha supuesto una cuantía de 89 millones de euros, “sin contar con el coste del personal funcionario”, una suma que confirma el dato facilitado por WWF España en su último informe anual sobre incendios, ‘Paisajes cortafuegos’, según el cual España “es el país que más presupuesto invierte en extinción por hectárea a nivel mundial”.
Según Miteco, esa inversión va dirigida a los 69 medios aéreos (18 aviones anfibios Cl-215T y CL-415, cuatro helicópteros de vigilancia, ocho helicópteros bombarderos Kamov, diez aviones de carga en tierra AT-802, seis aviones anfibios AT-802FB, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas, cuatro aviones de coordinación y observación (ACO)). Además, también se cuenta con siete unidades móviles de análisis y planificación sobre el terreno y cerca de mil efectivos entre técnicos, pilotos y mecánicos de las aeronaves, personal de las brigadas forestales y las bases de medios aéreos y trabajadores del Ministerio.
Gestión forestal
Sin embargo, “dos tercios de ese dinero se concentran en la lucha contra incendios, mientras falta inversión en gestión forestal”, han explicado la gerente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), Arancha López de Sancho, y su presidente, Miguel Ángel Duralde.
Esa gestión no sólo “devuelve valor a la sociedad” sino que ayudaría a afrontar mejor el riego de los siniestros, que suponen un “fenómeno traumático” tanto para seres humanos como para la biodiversidad.
De hecho, el 60 % de la cantidad dedicada a esta materia “se traduce en creación de mano de obra directa” para la conservación de un entorno, el forestal, en el que “cada hectárea aporta al año un valor de 649 euros” debido a los servicios ecosistémicos que presta a la sociedad.
“Como toda infraestructura, los montes precisan una inversión constante” para su mantenimiento, conservación y mejora, añaden, y la reducción de la misma supone “el incremento de amenazas”, empezando por los fuegos, que al final cuestan más dinero.
Brigada de extinción de incendios
Un ejemplo lo aporta el jefe de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) de Murcia, Manuel Páez, quien ha precisado que la intervención de una brigada terrestre, un equipo de bomberos y una brigada helitransportada con helicóptero medio “puede tener un coste inicial de 2.400 euros la hora“.
Esta cantidad se va incrementando en la medida en que se necesitan más recursos y/o más tiempo para proceder a la extinción, por lo que el gasto medio es de unos 4.100 euros por hectárea quemada.
A ello se suma, en el caso de Murcia, un presupuesto anual de “unos 9.500 millones de euros” para mantener cuatro medios aéreos y unas 370 personas dedicadas al sector.
Otro ejemplo es el de Aragón, donde el decano territorial del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Jaime Sendra, ha cifrado “aproximadamente entre 2.600 y 3.000 euros” el coste de tener preparado para su salida un helicóptero de tipo ligero, sin contar nada más.
Esa cifra se eleva a los 4.000 euros diarios para helicópteros de tamaño medio y “puede llegar a superar ampliamente” los 6.000 para los helicópteros pesados.
Consecuencias
Las consecuencias de un incendio forestal para las personas que viven en las zonas afectadas no son sólo económicas, sino psicológicas, como recuerda el antropólogo y miembro de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), Ismael Sánchez.
Agricultores, ganaderos y otros trabajadores que “comen del mundo rural” tienen “una vinculación con el entorno que también es afectiva y, si un incendio lo arrasa de la noche a la mañana” la experiencia “es terrible, un dolor difícil de superar”.
Sánchez ha añadido que el fenómeno es “traumático” también para la biodiversidad y cita como ejemplo la especie carbonero garrapinos, un ave cuya población se ha visto muy “mermada” en Extremadura desde los incendios de 2002.
Los costes de reforestación también varían según la zona, las especies quemadas y la meteorología local y pueden extenderse durante años.
Los representantes de Asemfo han indicado que en este caso “se debería de poner en valor” la siembra directa para facilitar la restauración de zonas afectadas y reducir la inversión necesaria “hasta un 50 %”.
Fuente: EFEverde.
A mi me gustaría saber qué dinero invierte el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas en la verdadera prevención, es decir, en evitar que se prenda el monte. Que sepa, para que arda el monte tiene que haber un agente iniciador y, según todas las estadísticas, ese agente es el ser humano en más del 95% de los incendios de un año. Sin embargo, aunque se diga que el incendio fue intencionado (en más del 60% lo es), siempre se queda en agua de borrajas, y toda la atención mediática se centra en la extinción y ahora, en la gestión forestal. La gestión forestal consiste en medidas de protección para reducir la peligrosidad de los incendios, pero no evita que los incendiarios sigan quemando el monte. Resulta que más del 60% de los incendios los provocan los ganaderos, para obtener o mantener sus pastos, y los agricultores, para deshacerse de los rastrojos y otros residuos agrícolas.
También me gustaría saber cuánto dinero se invierte en la persecución administrativa y judicial de los incendiarios. En España se inicia un trámite judicial en 10 de cada 100 incendios, se obtiene sentencia en 9 de cada 100 incendios y la condena acaba en cárcel en menos del 1% de los incendios producidos en un año. Vamos, que quemar el monte es jurídicamente gratis.
Si no se hace nada para evitar las prácticas humanas que están detrás de los incendios y tampoco por perseguir y condenar a las personas que realizan esas prácticas, ya podemos mantener «limpio» el monte que seguirá habiendo incendios forestales.