El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a Apostolos Mangouras, capitán del buque ‘Prestige’, a nueve meses de prisión y al pago de la tercera parte de las costas del proceso por ser «criminalmente responsable» de un delito de «desobediencia grave». Del delito contra el medio ambiente, no obstante, le absuelve, así como al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
Mangouras estaba «preocupado por las consecuencias económicas de un remolque» del buque y desobedeció por ello las órdenes de sus superiores. La sentencia dice sobre esto que «nada justifica atrasos que incrementen el riesgo» de un desastre como este.
El fallo no aprecia responsabilidad penal en la catástrofe y determina que la decisión de alejar el barco de la costa gallega fue correcta; «la Administración española», el Gobierno, gestionó de forma «aceptable» la crisis, añade. El Gobierno queda eximido de sufragar los daños que se le reclamaban y el Tribunal entiende que trató de solucionar lo ocurrido y evitar daños materiales y humanos.
El cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, no llegó a ser juzgado al encontrarse en paradero desconocido. La aseguradora tiene que pagar 22 millones de euros; un informe pericial de la Fiscalía cuantificó en 3.862,42 millones el impacto ambiental y económico. El fallo dice textualmente que existe una «indefinición de las causas de lo acontecido» y que sus responsables desconocían las deficiencias que el barco tenía en el momento del desastre.Tampoco aprecia «instrucciones ilegales» ni un ánimo de lucro desmedido en la empresa propietaria. Los responsables se limitaron a realizar una «navegación arriesgada» que «no puede calificarse de imprudente».
«Nadie sabe con exactitud cuál fue la causa» de la rotura de la nave, según la sentencia, que explica que es complicado encontrar elementos para probar que hubo «delito penal». «Cuando algo no se acredita, carece de toda relevancia probatoria en un juicio penal», señala, aludiendo a la cantidad de «criterios dispares» que se han escuchado en la sala sobre lo que ocurrió.
Advierte «deficiencias en el barco», algunas derivadas de reparaciones irregulares, pero no tiene claro el tribunal si eran conocidas por los responsables. «Todos los informes técnicos» realizados a posteriori, apunta, «son elusivos e imprecisos».
El fallo cita las declaraciones de varios testigos -como «un capitán anterior»- que declararon que las malas condiciones del Prestige eran «obvias», pero añade que no se entiende que nadie lo denunciara a las autoridades y tampoco que el barco pudiera navegar sin problemas durante un tiempo tan dilatado.
Recuerda, asimismo, que en la última inspección se realizaron reformas importantes en el barco y que las deficiencias de mantenimiento y control, «la conservación del buque», que tilda de «deficiente», tuvieron más relevancia en sus condiciones. Aunque, insiste, «no parece» que esta mala conservación «fuera advertida por los acusados».
La lectura del fallo se produce once años después del siniestro que provocó una marea negra de petróleo que alcanzó a las costas de Galicia, y también a las del Cantábrico y Francia. Un total de 170.000 toneladas de residuos y 1.137 playas contaminadas son algunas de las cifras que contiene el fallo sobre la catástrofe.
José Luis Pía, presidente del tribunal, ha leído la sentencia en gallego, por «una cuestión de localización», ha explicado, recordando que la fase de juicio oral se inició el 16 de octubre de 2012 y concluyó el 10 de julio de 2013. Entre otras cosas, ha recordado que desde que el barco se partió hasta que se hundió «pasaron 115 horas».
El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra (A Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un vertido de más 67.000 toneladas de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.
El petrolero, con 27 tripulantes, se encontraba navegando a unas 28 millas de Fisterra (A Coruña) con 77.000 toneladas de fuel, de las que vertió más de 60.000 toneladas, provocando uno de los mayores siniestros marítimos.
Desde el 13 de noviembre y, tras detectarse el primer vertido, el Gobierno español optó por alejar de la costa al barco, que estuvo escoltado por la Armada y al que se prohibió atracar en cualquier puerto español. Finalmente, el 19 de noviembre de 2002, el ‘Prestige’ se hundió.
Nunca Máis podría recurrir
La plataforma ‘Nunca Máis’ ha calificado de «injusta» y «lamentable» la sentencia por la marea del Prestige al entender que se trata de un fallo «político» «al dictado de los intereses del PP», por lo que estudiará recurrirla. El abogado de ‘Nunca Máis’, Pedro Trepat, ha señalado en declaraciones a los periodistas tras escuchar la lectura de la sentencia que ésta es «claramente insatisfactoria» y ha remarcado las «contradicciones» en la misma.
Trepat ha apuntado, además, que la sentencia «insinúa» la existencia de responsables políticos por encima de López Sors, un argumento «incompatible» en su opinión con el hecho de que las decisiones se tomaron siguiendo criterios científicos y técnicos.
El secretario de organización del BNG y miembro de la plataforma, Bieito Lobeira, ha sido muy crítico con el proceso judicial por la ausencia de «altos cargos políticos» con mayor responsabilidad que López Sors que «no estaban sentados en el banquillo de los acusados». «El problema no es sólo la falta de justicia respecto de hechos que ocurrieron hace 11 años sino la lectura política de esta sentencia en relación con lo que puede ser el futuro de un país como el nuestro, el más afectado por mareas negras de todo el mundo con una tasa de siniestralidad marítima inaceptable», ha afirmado.
«Destruir el medio ambiente sale gratis»
Las principales organizaciones ecologistas españolas han expresado este miércoles su «vergüenza» y decepción ante la sentencia del caso ‘Prestige’ que demuestra, una vez más, que, «en España, destruir el medio ambiente sale gratis».
Los portavoces de Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Oceana y Amigos de la Tierra han denunciado que los verdaderos responsables del desastre ambiental que provocó el petrolero no han sido juzgados y que la decisión judicial «abre la puerta a otro ‘Prestige'».
La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de A Coruña no incorpora ninguna sanción por daños ecológicos y exime de responsabilidad a la Administración y a los tres acusados «por indefinición de las causas de lo acontecido».
Según la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, la Justicia «estaba atada de pies y manos» para condenar a los verdaderos culpables, porque «la legislación no permite inculpar a las petroleras ni a políticos que toman decisiones equivocadas».
«La única forma de evitar otra catástrofe de esta magnitud es que no haya más petróleo circulando por nuestros mares», ha afirmado Montón, porque el derecho español «se ha demostrado incapaz de juzgar delitos medioambientales a gran escala»
Fuente: 20 minutos y RTVE
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