El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas e impondrá una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento a partir del 25 de julio.
Aguas residuales. Fuente: Pixabay
El caso se remonta a 2010, cuando la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. El TUE confirmó el incumplimiento en una sentencia dictada en abril de 2011.
El tribunal dictaminó que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación europea al no gestionar debidamente las aguas vertidas por 37 aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones). El plazo otorgado por la Directiva, que data de 1991, llevaba entonces 11 años de retraso, ya que la fecha límite para adecuar o implantar los sistemas procedentes estaba fijada en diciembre de 2000.
En 2016, 17 poblaciones, Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate en Andalucía; Santiago, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo en Galicia; Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira en la Comunitat Valenciana; Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güimar en Canarias y Gijón Este, seguían sin resolver la cuestión de las aguas residuales, lo que conlleva la posible afección a 1.400.000 personas.
En cuanto a la sanción solicitada por la Comisión Europea, la cifra ascendía nada menos que a 46 millones de euros, más una multa diaria de algo más de 171.000 euros si no se lograba el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dictara su segunda resolución. A ello se suma la cantidad de 19.303 euros por cada día transcurrido entre la fecha de la sentencia de 2011 y su plena ejecución.
En la sentencia de julio de 2018, el TUE declara que España no ha cumplido su obligación de acatar la sentencia de 2011 porque al finalizar el plazo fijado por la Comisión Europea para su ejecución (31 de julio de 2013), las 17 aglomeraciones seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales urbanas.
El tribunal de Luxemburgo ha argumentado que la inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de aguas residuales pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse «incumplimientos graves». Además, ha subrayado que, a pesar de los esfuerzos «significativos» de España, el carácter «especialmente prolongado» de la infracción constituye «una circunstancia agravante».
En este sentido, remarca que la plena ejecución de la sentencia de 2011 no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años con respecto al plazo que fija la directiva (31 de diciembre de 2000).
El TUE también ha señalado que el número de aglomeraciones y los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados contra España «justifican la adopción de una medida disuasoria» para evitar «que se repitan en el futuro infracciones análogas».
En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España a abonar al presupuesto de la UE una suma de 12 millones de euros y ha impuesto una multa coercitiva de 10,95 millones de euros por cada nuevo semestre de retraso desde este miércoles y hasta que se ejecute totalmente la sentencia de 2011.
A día de hoy 9 municipios siguen sin cumplir la normativa: Valle Güímar (Tenerife), Gijón Este (Asturias), Matalascañas e Isla Cristina (Huelva), Barbate y Tarifa (Cádiz) y Coín, Alhaurín el Grande y Nerja (Málaga).
Reacción del Ministerio para la Transición Ecológica
El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado una nota en la que informa sobre la sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el inclumplimiento de la Directiva de saneamiento y depuración de aguas residuales. En la misma nota se hace referencia al Plan de Depuración anunciado hace semanas por Ribera: «el Ministerio para la Transición Ecológica, que muestra su preocupación por que España haya agotado todos los plazos y se vea obligado a asumir esta sanción económica, trabaja ya en medidas de choque que se concretarán en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. Este plan enumerará y priorizará las actuaciones a llevar a cabo, y establecerá los criterios generales (económicos, sociales y ambientales) que deben aplicarse para comprobar si esas actuaciones son viables. También definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas.».
Fuente: iAgua
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