¿Es compatible la extracción minera con la conservación de un espacio? ¿Es entendible que se quieran prolongar puestos de trabajo en un momento económico tan complicado para mantener el desarrollo socioeconómico de una zona pero a costa de la posible destrucción de parte su territorio? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante una polémica encendida estos días en Navarra, donde la empresa Magna pretende llevar a cabo un proyecto de extracción de magnesita a cielo abierto en un hayedo de la Red Natura 2000, comprendido en una Zona de Especial Conservación (ZEC), Monte Alduide, y ubicada en el pirineo, donde se encuentran los últimos reductos del Pico Dorsiblanco, una especie en peligro de extinción. La mayoría de la población de la zona, y el propio Gobierno navarro, apoya el proyecto.

Aunque el plan lleva en marcha más de tres años, la polémica se ha avivado estas Navidades, cuando, según el delegado de SEO/BirdLife en la zona, Ramón Elosegui, Magna, anunciaba el pasado 24 de diciembre que en unos días comenzaría a entrar en el terreno y a talar el hayedo protegido de Zilbeti. Así ha sido. Entre el martes y miércoles se han talado ya más de medio centenar, dentro de un proceso que, según censuran, “está fuera del proyecto, no está aprobado por la declaración de impacto ambiental y la empresa lo sabe, por eso se ha decidido a hacerlo en días de vacaciones, cuando la contestación social puede ser menor”.

En este punto, la versión del Gobierno de Navarra es contraria y contundente: Estos trabajos de prospección en el terreno “no se salen de los márgenes del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal y la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobadas”. Según argumentan desde el departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo, su realización ha sido comunicada por la empresa tanto al Gobierno como a las entidades locales afectadas y el hecho de realizarse en Navidad “simplemente responde a la necesidad de la empresa de realizar unas pruebas del material que deben estar concluidas a mediados de enero”.

Imagen del Hayedo de Zilbeti. Foto: http://seodonostia-gipuzkoa.blogspot.com/

La empresa Magna tiene actualmente una cantera en Esteribar, un valle que es colindante a la ZEC Monte Alduide, pero lleva tiempo anunciando que la veta actual se le agota y que para mantener los 180 puestos de trabajo de la planta de Zubiri necesita abrir otra cantera. Según justifican, el mineral está en el monte comunal Legua Acotada, que hace un año consiguió la declaración favorable del Gobierno navarro al informe de impacto ambiental. Éste recibió más de 1.000 alegaciones y por ello la Coordinadora Monte Alduide y SEO/Birdlife decidieron a llevar el tema a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. “Vamos a llegar hasta el final, esto no ha hecho más que comenzar, estamos recogiendo firmas de apoyo y próximamente vamos a registrar queja en Bruselas”, explica.

A juicio de Elosegui, “la única justificación aparente” del Gobierno es la mantener los puestos de trabajo. Se trata, añade, de una empresa minera y por tanto “finita”, que va a tener que cerrar “en el mismo momento en que se agote el mineral”. En su opinión, “hay que buscar el desarrollo económico a través de proyectos empresariales que no destruyan el territorio y que no sean pan para hoy y hambre para mañana”.

Apoyo de los vecinos

La clave para el desarrollo del proyecto de la cantera es la habilitación de un acceso a un túnel por el que se trasladará el mineral extraído para que no tenga que cruzar Zilbeti. Los municipios afectados debaten estos días la cesión de los 1.600 metros cuadrados de de los terrenos necesarios para esta apertura y la mayoría se muestran partidarios. Salvo Bildu, que ostenta la alcaldía de Baztan, el resto de fuerzas políticas ratifica la cesión.

A este respecto, el Ejecutivo señala que al plan inicial presentado por la empresa “se han añadido una serie de condiciones con el objetivo de reducir al máximo el impacto ambiental que pueda tener la mina como, por ejemplo, la recuperación progresiva del entorno en la medida que se vaya extrayendo el material y la mitigación de los efectos de su transporte, que se realizará a través de un túnel”. Así, defiende que la explotación de esta nueva veta “permitirá el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, a lo que hay que sumar los efectos positivos que tendrá para la fijación de la población y el desarrollo rural de estos valles”.

En este mismo sentido se pronuncia también Enrique Garralda, alcalde de Erro: “Los que de verdad protegemos estos paisajes somos los que vivimos y trabajamos aquí y si no hay empleo el valle desaparecerá”. “Nosotros”, continúa, “apoyamos claramente el proyecto, que cuenta con todas las autorizaciones porque el daño al medio ambiente es menor y lo primero que hay que proteger es al humano”. “Claro que hay que cuidar el medio ambiente pero en este caso, el daño no es tanto como dicen y en los tiempos que corren hay que luchar por mantener los puestos de trabajo”. “Hoy en día ninguna empresa te asegura que va a dar trabajo en los próximos 40 años y ésta, lógicamente, tampoco”.

Fuente: http://sociedad.elpais.com