Se entierran las hachas en la última guerra del agua. El Gobierno y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo han escenificado esta mañana ante los medios de comunicación un acuerdo que han calificado de «histórico» sobre el trasvase Tajo-Segura. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, acompañado por los consejeros de las cinco autonomías (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y Murcia), ha explicado que el pacto garantiza las necesidades de las cuencas cedentes y de las receptoras y que eleva de 240 hectómetros cúbicos a 400 la reserva mínima en la cabecera del Tajo para empezar a trasvasar.
El acuerdo tendrá rango de ley y se ha recogido en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental que el Partido Popular registró anoche en el Parlamento. Las cinco autonomías, todas gobernadas por el PP, ya pactaron hace unos meses elevar la reserva de agua que no se puede enviar a Levante. En marzo el Ministerio sacó a consulta pública el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, el más polémico de los planes de cuenca que España estaba obligada por Europa a revisar antes del año 2009 y que las desavenencias entre autonomías había retrasado.
Arias Cañete ha afirmado en rueda de prensa que el acuerdo pone fin a las disputas políticas en torno al agua y que va a permitir culminar la planificación hidrológica española. El ministro ha asegurado que el trasvase queda ahora sometido al «criterio técnico y científico, con absoluta transparencia y que permitirá evitar decisiones cuando llegan elecciones, favoreciendo a un gobernante de un territorio». Ha añadido que el pacto llega después de «realizar un gran esfuerzo de consenso».
El consejero de Murcia, Antonio Cerdá, ha señalado en rueda de prensa que todas las partes «han tenido que renunciar a algo», aunque no hay «ni vencedores ni vencidos». «En materia de agua antes perdíamos los de siempre; ahora ganamos todos», ha dicho el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, José Ciscar. El consejero extremeño, José Antonio Echávarri, ha agradecido que ahora quede regulado con carácter de ley un trasvase que antes «no lo estaba» y que obligaba a «discutir cada año cuántos hectómetros se trasvasaban».
El consenso permite «superar la idea de confrontación política del agua para que se convierta en un elemento de vertebración nacional», ha añadido por su parte el consejero madrileño, Salvador Victoria. Por último, Marta García de la Calzada, consejera de Castilla-La Mancha, ha agradecido el «sentido de Estado que ha demostrado este ministerio» y ha recordado que la planificación hidrológica no solo es necesaria «sino obligada».
Fuente: El País
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