El transporte público en Barcelona costará la mitad los días de contaminación. Encarecer el uso del vehículo privado y abaratar el del transporte público es la fórmula de la Generalitat de Cataluña para reducir el problema de la contaminación atmosférica que afecta a Barcelona y su área metropolitana. El Ejecutivo catalán aprobó un plan para la mejora del aire en el que se incluye la reducción de un 50% en el precio del transporte público y un aumento del 25% en los aparcamientos municipales y de los peajes que dan acceso a la zona metropolitana.
Las medidas del Gobierno catalán no serán permanentes, sino que solo se aplicarán los días en los que los niveles de partículas en suspensión (PM10) o de óxidos de nitrógeno (NOX) sobrepasen los límites fijados por la Unión Europea para estos contaminantes que provocan enfermedades respiratorias, infartos de miocardio y cáncer de pulmón. Los vehículos más respetuosos con el medio no se verán afectados por la subida de peajes y aparcamientos.
Las nuevas medidas del plan de la Generalitat se aplicarán en 40 municipios de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental y Vallès Occidental, declarados como zona de protección especial (ZPE) por sus altos índices de contaminación, y en los que viven 4,3 millones de personas, casi un 60% de población de Cataluña.
Según confirmó el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, las medidas para restringir el tráfico se pondrán en marcha entre 2015 y 2016, cuando también entre en funcionamiento la tarjeta T-Movilidad. Las nuevas tarifas para peajes y aparcamientos en los días de episodios ambientales de contaminación se sumarán a la velocidad variable, que se aplica desde finales del pasado año. En los últimos doce meses, Barcelona ha sufrido siete episodios de alta contaminación, todos durante la primera quincena del pasado diciembre.
“Estas medidas solo se aplican cuando ya tenemos el problema gordo encima”, se quejó ayer Maria García, coordinadora de Ecologistas en Acción en Cataluña.
La Generalitat sigue así el camino de otras ciudades europeas que han puesto en marcha medidas para reducir el tráfico rodado, responsable de la mitad de las emisiones de estos contaminantes.
El plan del Gobierno catalán llega después de que las autoridades europeas hayan amenazado varias veces al Gobierno español con imponer drásticas sanciones por los constantes incumplimientos de los límites de contaminantes en la zona metropolitana de Barcelona. Las autoridades europeas rechazaron en 2012 la petición de moratoria de cinco años del Ejecutivo catalán para cumplir con la legislación comunitaria al considerar que harían falta “medidas más estrictas”.
El nuevo plan prevé también desgravaciones fiscales para las empresas que incorporen técnicas que reduzcan las emisiones, y bonificaciones en el impuesto de gases y partículas a las que contengan sus niveles de contaminantes. “Los ciudadanos tienen que pagar y a las empresas les dan beneficios fiscales”, denunció García.
Madrid cerrará su centro al tráfico
El Ayuntamiento de Madrid, cerrará al tráfico el 1 de enero una superficie de 190 hectáreas en el corazón de la capital, por la que sólo podrán circular los coches de los residentes, según han relatado a EL PAÍS fuentes del gobierno municipal. Los barrios de Sol y Palacio se sumarán así a los de Cortes y Embajadores para conformar un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido.
Los vehículos que no pertenezcan a vecinos de esa zona tendrán limitado el paso a las grandes avenidas. Al área vedada sí podrán acceder aquellos conductores que vayan a estacionar en los 13 aparcamientos encerrados en el perímetro. Sin embargo, el Ayuntamiento cotejará a diario las matrículas para que quien luego no estacione allí (por ejemplo, porque el aparcamiento esté lleno) sea sancionado. Las infracciones se vigilarán con 22 cámaras de seguridad, y se castigarán con 90 euros de multa.
Esta Área de Prioridad Residencial (APR), según su denominación municipal, tendrá un coste de mantenimiento de 500.000 euros anuales. Se sumará a las otras tres ya en vigor desde hace años en los barrios madrileños de Embajadores y Cortes (conocido también como Las Letras), conformando así una superficie total de más de 300 hectáreas alrededor de la Puerta del Sol por la que los vehículos privados que no pertenezcan a los vecinos sólo podrán circular por las arterias principales.
El principal objetivo de esta estrategia de movilidad es reducir el volumen de tráfico en la almendra central; en la capital hay 1,7 millones de vehículos, de los que el 80% son turismos. La crisis económica ha duplicado su edad media, que ha pasado de 5,7 años en 2008 a 9,3 años en 2013.
Fuente: EL PAÍS
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