El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere aprobar antes de que termine la legislatura su plan de actuación sobre humedales, un paquete de medidas para conservar 23 lagunas repartidas por cerca de 740 hectáreas.

Cuando llegue, el decreto tendrá un especial impacto en tres de la veintena de puntos protegidos: las lagunas de Horna de Getafe, las de Soto de Mozanaque en Algete y la de Valdemanco. En total, 300.000 metros cuadrados de suelo con relevancia faunística, botánica, científica o educativa que hasta ahora subsistían ahogados en un limbo legal. La propia ley lo reconoce. Mientras que la conservación del resto estaba de una forma u otra blindada negro sobre blanco –por pertenecer a parques nacionales, reservas, o tener su propio plan–, estos tres espacios permanecían desamparados.

Fuente: 20 minutos - Lagunas de Horna, en Perales del Río (Getafe). COMUNIDAD DE MADRID

En el caso de Getafe, por ejemplo, las analíticas de partida de la memoria que acompaña al plan revelan una calidad ecológica «mala» o «deficiente». Fruto de una antigua explotación de yesos y propiedad del Ayuntamiento, se han detectado vertidos de «enseres, escombros, neumáticos o aceites», presencia «habitual» de motos y un «vandalismo frecuente». La región quiere rehabilitar la zona recreativa, aumentar la vigilancia y hacer algo para mitigar el impacto visual y sonoro en este reservorio de aves y sapos constreñido por carreteras y vías del AVE.

Prohibida (casi) «cualquier actividad»

En Valdemanco, pese a las bondades del entorno serrano, su laguna presenta también malos indicadores. La prioridad es mantener este espacio alejado del coche y restaurar sus zonas más «degradadas«. En el caso de las 21 láminas de agua que conforman el humedal de Algete, las mediciones son más benévolas, aunque alertan de la desecación de algunas en los últimos años.

En toda la red, Medio Ambiente es consciente de las «presiones y amenazas importantes» existentes en estos parajes que dan cabida a animales en peligro de extinción, como nutrias o galápagos. Entre ellas, se incluyen el desvío de aguas residuales, «un uso público muy intenso» y la presencia de especies invasoras. Para paliarlo, el Ejecutivo prevé invertir 13 millones hasta 2028. Además, prohíbe «cualquier actividad» que pueda alterar estos vitales ecosistemas. Impide los vertidos, los fertilizantes químicos, el abandono animal o las obras. También, salvo excepciones, los eventos deportivos, el uso de barcas o coches, la caza, la pesca, el baño o las acampadas.

Del mismo modo, el plan actualiza los mapas que se tenían –algunos de hace casi 30 años– e impide que el ladrillo se aproxime a menos de 50 metros alrededor de cada charca. Dentro de este perímetro, la región quiere blindar santuarios en los que quede prohibida cualquier intervención. Grupos como Ecologistas en Acción han lamentado durante años que este catálogo, con todo, se olvide de algunos parajes «valiosos».

Fuente: 20 minutos