El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, explicó el viernes que el Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental trata de dar “las máximas garantías a la protección del medio ambiente, la máxima eficacia al funcionamiento de la administración y facilitar la vida a los ciudadanos, protegiendo el medio ambiente, del que todos tienen derecho a disfrutar y que sea preservado”.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Arias Cañete detalló que este Anteproyecto tiene tres objetivos básicos: garantizar el máximo nivel de protección del medio ambiente a través de la prevención, “anticipándonos a la toma de decisiones sobre proyectos y planes que puedan afectar al medio ambiente”; simplificar la evaluación ambiental, unificando en un solo texto la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental; y favorecer el trámite de información pública a los ciudadanos.

Según ha explicado Arias Cañete, se trata de que todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo de evaluación ambiental. Es decir, ha aclarado, “nosotros regulamos las evaluaciones ambientales estratégicas y las evaluaciones de impacto ambiental en el marco de la Administración General del Estado, pero trataremos en Conferencia Sectorial de conseguir que todas las Comunidades Autónomas incorporen un procedimiento armonizado común que simplifique la labor de todos los operadores, y pongan en marcha de las adaptaciones necesarias, con carácter voluntario, en sus territorios”

También ha destacado que esta ley se adapta rigurosamente a las directivas comunitarias en materia de evaluación ambiental. Además, en su redacción se han tenido en cuenta las propuestas de modificación de evaluación ambiental que está realizando la Comisión Europea. “No hay una sola exigencia de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental que no se haya incorporado al texto legal de la nueva ley que estamos proponiendo”, ha recalcado.

Soraya Sáenz de Santamaría y Miguel Arias Cañete. MAGRAMA

Agilizar los tiempos del procedimiento

Entre las principales novedades que articula esta norma, Arias Cañete ha señalado una regulación mucho más ordenada, más clara, y mucho más concisa de procedimientos, además de aportar soluciones jurídicas a cuestiones que la normativa vigente dejaba sin resolver. Para ello, se han simplificado los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y simplificada, al utilizar un esquema similar para ambas.

Al mismo tiempo, el ministro valoró el esfuerzo realizado para ajustar los tiempos de tramitación, “con lo que se evitarán dilaciones de difícil justificación, de los proyectos y trámites”. En este sentido, Arias Cañete ha revelado que uno de los aspectos novedosos es que el Anteproyecto ajusta los tiempos de tramitación y establece un plazo de entre 4 y 6 meses de duración.

La media actual de resolución de los proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental se sitúa en 3,4 años y la estimación es que hay 10.000 expedientes pendientes de resolución en el conjunto de las administraciones públicas.

El ministro afirmó que esta agilización de los procedimientos se va a realizar “sin merma de ninguna garantía”. Es decir, “las garantías ambientales son máximas, pero también tiene que ser máxima la diligencia de las administraciones públicas y de los organismos que tienen que evacuar informes”. Según el ministro, no se puede consentir la dilación de proyectos que pueden ser rentables para muchos ciudadanos.

Además, el ministro incidió en los beneficios del anteproyecto sobre el crecimiento económico y el empleo, “porque, cuando se tramitan los procedimientos en tiempo y forma, los agentes económicos y sociales desarrollan sus proyectos con eficacia, rapidez y prontitud”. En este sentido, se calcula que los proyectos que están en tramitación de evaluación ambiental son capaces de generar cerca de 80.000 empleos y un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros.

Como otras novedades, el ministro apuntó que se integran los efectos del cambio climático, en línea con el nuevo borrador de directiva de evaluación ambiental de la UE; se crea la figura del banco de conservación de la naturaleza, como mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medidas de compensación basado en el mercado; y se somete al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria la técnica de fractura hidráulica.

Fuente: MAGRAMA