Los países de la Unión Europea podrán restringir o prohibir a su voluntad el cultivo de transgénicos (organismos modificados genéticamente, OGM), en su territorio o en parte de su territorio, según el acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo. La reforma de la legislación llevaba cuatro años bloqueada por los desacuerdos entre los estados pro y antitransgénicos.

La nueva disposición, que entrará en vigor la próxima primavera, recibió 480 votos a favor, 159 en contra y 58 abstenciones. La reforma de la legislación, presentada en el 2010, llevaba años bloqueada. En la actualidad, diversos países, como Francia, Austria, Luxemburgo, Grecia o Hungría, cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos aunque están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.

Los diputados del PPE y los socialdemócratas respaldaron mayoritariamente las nuevas normas, y muchos de ellos indicaron en el debate previo a la votación que, aun sin ser la solución ideal, permitirá resolver las dificultades existentes desde hace años en relación a la autorización de transgénicos.

«Los Estados miembros y los consumidores pueden sentirse ahora más seguros sobre los transgénicos», dijo el diputado socialdemócrata Matthias Groote, que lamentó no obstante que no se haya previsto financiación para compensar a los agricultores cuyos cultivos se contaminen con OGM. La diputada del PPE Pilar Ayuso recordó que se había llegado a una situación «insostenible» en relación a las autorizaciones de OGM.

Efectos contradictorios

En principio, la normativa ha normativa ha sido impulsada por los países más reacios a los transgénicos y parece salvaguardar sus derechos, pero las asociaciones ecologistas se apresuraron a destacar que la nueva norma podría tener efectos contraproducentes al dar más libertad a los estados que se muestran más partidarios, como España.

Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, entre otros, aseguran que «el Estado podría abrir la puerta a muchas más variedades». Greenpeace, no obstante, se felicitó porque permitirá a las comunidades autónomas dar pasos para evitar el cultivo en sus territorios. Algunas, como Asturias y el País Vasco, ya se han manifestado a favor de prohibirlos.

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El único autorizado

Actualmente, el maíz Mon810, patentado por Monsanto y comercializado por varias empresas, es el único cultivo genéticamente modificado que se puede plantar en Europa. La mayor parte de la producción se concentra en España, aunque también tienen cultivos la República Checa, Rumanía, Eslovaquia y Portugal.

Las empresas del sector biotecnológico de la UE, agrupadas en EuropaBio, criticaron que las nuevas disposiciones den a los países «una licencia para prohibir productos sanos que han sido aprobados a nivel europeo y permitan basar ese veto en argumentos no científicos».

Los diputados del grupo de los Verdes dejaron claro en el debate que se opondrían a la normativa porque «renacionaliza una política europea importantísima», dijo el belga Bart Staes, que consideró que la nueva ley «no es democrática» y que dará a las multinacionales «gran poder» sobre la autorización.

El comisario europeo de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, dijo al término del debate que con la nueva legislación los Estados miembros «tendrán herramientas jurídicamente sólidas» para decidir sobre la autorización o el rechazo del cultivo de transgénicos en su territorio.

Motivos esgrimidos

Las nuevas reglas permitirán a los estados miembros prohibir los OGM por motivos de política diferentes a los riesgos para la salud o el medioambiente ya citados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los países que quieran prohibirlos podrán alegar causas como la ordenación urbanística y territorial o el impacto socioeconómico.

La legislación establece un procedimiento que permitirá a las compañías de cultivo de OGM consentir estas restricciones en su licencia de comercialización antes de que el Estado miembro adopte tales medidas. No obstante, los países pueden imponer una prohibición de forma unilateral aunque la compañía no esté de acuerdo.

Los estados miembros tendrán que garantizar que los cultivos OGM no contaminan otros productos y prestar especial atención para prevenir la contaminación transfronteriza.

Fuente: El Periódico