Las comunidades energéticas constituyen una herramienta para evitar una transición ecológica “injusta”, pues suponen un elemento “clave” para la descarbonización, descentralización y democratización del sistema energético en España, asegura la organización ecologista Amigos de la Tierra.
Las comunidades energéticas son clave para conseguir el objetivo de reducir para 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % respecto a 1990
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico cerró ayer su consulta pública previa para el impulso de las comunidades energéticas en el Estado español, un proceso que corresponde a uno de los “pasos necesarios” para la transposición de las directivas europeas sobre el mercado eléctrico (MED) y la energía renovable (REDII) a la legislación española, indica la ONG en un comunicado.
La responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, Cristina Alonso, ha señalado que “es impactante que a fecha de cierre del año 2019 el 61 % del consumo energético en el Estado español provenga aún de combustibles fósiles y energía nuclear”.
“Estamos en total contradicción con el Acuerdo de París y la emergencia climática en la que nos encontramos”, ha indicado Alonso, quien añade que “necesitamos una transición ecológica justa y rápida, pero no todo vale”.
El oligopolio energético en España, ha declarado, “ya está ofreciendo soluciones que les permiten mantener su control absoluto del sistema energético mediante el despliegue de megaproyectos energéticos, especialmente fotovoltaicos y eólicos”.
En su opinión, “si el Gobierno no pone límites, estaría potenciando una transición que ni es verde ni es justa”.
Recientemente, movimientos sociales como la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica o Aldeas libres de macroeólicos en Galicia “se están oponiendo a un modelo energético no democrático basado en la explotación de zonas rurales como simples territorios generadores de recursos, sin tener en cuenta su biodiversidad ni la participación de las comunidades en su planificación energética”.
La nueva legislación europea, a través de sus Directivas REDII/MED, ha señalado a las comunidades energéticas como “elemento clave para evitar estos procesos antidemocráticos y conseguir alcanzar el objetivo de reducir para 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % respecto a 1990”.
La ciudadanía en el centro
“Nos alegramos de que el Gobierno haya abierto esta necesaria consulta pública”, ha manifestado Alonso, quien declara que “nuestra máxima recomendación al Ejecutivo es que realice una buena transposición de las directivas europeas poniendo a la ciudadanía en el centro de la transición impulsando también enfoques de género e interseccionalidad para que nadie se quede atrás en este proceso”.
La organización ha insistido en que el objetivo principal de las comunidades energéticas debe ser crear innovación social a través de una actividad económica con fines no comerciales, cuyos beneficios sociales, ambientales y/o económicos recaigan en las comunidades o en los entornos donde viven las comunidades.
Medidas
Para ello, llama al Gobierno a tomar las medidas correspondientes que faciliten un acceso adecuado a la red y a las necesarias fuentes de financiación, poniendo también límites a los costosos procesos burocráticos.
Desde la ONG señalan la importancia de incluir objetivos vinculantes de potencia instalada o energía producida reservada para las comunidades energéticas tanto en la futura Ley de Cambio climático y Transición Energética como en los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, para “evitar que la transición energética mantenga el poder en manos de las grandes compañías”.
Fuente: EFEverde
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