La comunidades autónomas españolas pedirán a la Unión Europea (UE) mejoras normativas en materia de agua, biodiversidad, emisiones y riesgos ambientales, según se desprende de lo tratado este lunes en Córdoba en la reunión de coordinación entre CC.AA previa al Consejo Europeo de Medio Ambiente, que se celebrará el 21 de junio en Luxemburgo.

Según ha explicado previamente el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, quien ha dirigido dicha reunión de coordinación, para fijar la posición común de las CC.AA españolas sobre aquellos asuntos que serán objeto de análisis en el Consejo Europeo de Medio Ambiente, existe ya acuerdo para trasladar al Consejo Europeo diversas propuestas relativas a la mejora de las políticas comunitarias en materia de agua, conservación de la biodiversidad, lucha contra el cambio climático y control de riesgos ambientales.

Durante el encuentro en la capital cordobesa han destacado las propuestas para contribuir a la redacción definitiva de la futura estrategia del agua en la UE (‘Blue Print for European Waters‘), cuya publicación se espera para finales de 2012, mostrándose también las CC.AA de acuerdo con los diagnósticos sobre la mayor presión ejercida sobre los recursos hídricos debido al cambio climático, por lo que han valorado positivamente la intención de abordar este problema de forma global y preventiva.

Entre las recomendaciones emitidas destacan la de incrementar la colaboración e integración entre países, aumentar la formación y sensibilización ciudadana, prevenir daños y restaurar las masas de agua (especialmente los ríos), redoblar el esfuerzo en investigación e innovación, y buscar nuevos mecanismos financieros para incentivar la mejora en la eficiencia hídrica, sobre todo en el ámbito de la agricultura de regadío.

Las comunidades españolas han reconocido asimismo la importancia del agua como motor de desarrollo. En este sentido, se ha señalado que la futura política de aguas de la UE debe tomar en consideración las particularidades climatológicas, ambientales y socioeconómicas del arco mediterráneo, una zona cuyos sectores productivos estratégicos muestran una elevada dependencia del factor hidrológico.

Por otro lado, durante el encuentro se ha debatido acerca de la nueva Estrategia sobre Biodiversidad de la UE, que establecerá los objetivos, medidas, y calendario para la acción comunitaria hasta 2020.

Así, se ha reconocido que no se han cumplido los objetivos fijados para 2010 en el Convenio sobre Diversidad Biológica, por lo que se trata de un momento crucial en el contexto internacional para introducir criterios de sostenibilidad en este ámbito y combatir las principales causas subyacentes, tales como el crecimiento urbanístico desmedido, la destrucción y fragmentación del hábitat, los cambios en los usos del suelo, los desequilibrios de los sistemas productivos, la contaminación, la introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático, a lo que se añaden problemas como los riesgos tecnológicos y los incendios forestales, entre otros.

Las CC.AA pedirán mejoras en la conectividad de la Red Natura 2000. Foto: http://biomap.es

Por ese motivo, se han acordado propuestas para garantizar la conectividad entre los espacios de la Red Natura 2000, buscar instrumentos específicos de financiación, aplicar mecanismos de referencia homogéneos a nivel europeo, buscar una gestión más flexible, adaptativa y proactiva mediante la aplicación de indicadores socioeconómicos, fijar la futura Estrategia sobre Infraestructura Verde como eje en materia territorial y urbanística, o incrementar la formación y sensibilización social.

Asimismo, se ha destacado la ausencia del concepto de ‘biodiversidad cultural‘, una aproximación que resulta especialmente adecuada en la cuenca mediterránea y que se refiere a la transformación o pérdida de prácticas que han favorecido la conservación de la diversidad natural, en muchos casos ligadas a sistemas tradicionales.

Del mismo modo, las CC.AA han consensuado diversas propuestas relativas a la hoja de ruta marcada por el Consejo Europeo para una economía baja en carbono en 2050, cuyo objetivo es lograr una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de entre el 80 y el 95% respecto a 1990.

Así, han mostrado su conformidad con el compromiso adquirido el pasado febrero por los jefes de Estado para mejorar la eficiencia energética en un 20%, pero han señalado la necesidad de contemplar escenarios alternativos sobre la reducción de emisiones CO2 (por ejemplo el 30% de reducción en 2020) y de analizar cuál sería su impacto. Finalmente, se ha instado a buscar fuentes concretas de financiación para los 270.000 millones de euros adicionales al año que contempla la mencionada hoja de ruta.

Por último, a fin de aumentar el nivel de protección y simplificar la legislación, se ha llevado a cabo una revisión de la propuesta de directiva para el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO III), texto cuya actualización responde a los cambios introducidos en el sistema de clasificación de sustancias peligrosas de la UE.

En este sentido, se han considerado oportunas algunas modificaciones para la mejora de aspectos relacionados con los sistemas de gestión de la información, la planificación de la ocupación del suelo, los plazos de los planes de emergencia, y la introducción de normas más estrictas para la inspección de las instalaciones.

El Consejo de la Unión Europea es, junto con el Parlamento Europeo, colegislador de la normativa comunitaria, por lo que Díaz Trillo ha afirmado que para las CC.AA es muy importante contribuir activamente a través de esta vía de participación en la legislación comunitaria. El consejero de Medio Ambiente de la Junta ya representó a las comunidades españolas en el consejo celebrado el 13 de marzo en Bruselas (Bélgica), y el 21 de junio volverá a ejercer dicha representación, junto con la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, en la reunión que se celebrará en Luxemburgo.

Fuente. http://www.elconfidencial.com