Los países de la UE han alcanzado este miércoles un acuerdo político para reforzar la directiva sobre seguridad nuclear, cuyo objetivo es incorporar las lecciones aprendidas tras el accidente en la central japonesa de Fukushima en 2011 y corregir las carencias detectadas en la ronda de tests de estrés realizada a las plantas europeas.
«La seguridad nuclear es de vital importancia para todos los ciudadanos europeos. Necesitamos poner todos nuestros esfuerzos en garantizar que en todas las plantas nucleares de la UE se apliquen los estándares de seguridad más altos», ha dicho el comisario de Energía, Gunther Oettinger, en un comunicado.
La reforma introduce por primera vez objetivos a nivel de la UE de seguridad nuclear que pretenden limitar las consecuencias de un posible accidente, así como abordar la seguridad de todo el ciclo de vida de las instalaciones nucleares (desde la elección de la localización hasta su desmantelamiento), incluyendo la preparación en materia de emergencias en la propia planta.
La directiva refuerza la independencia y el papel de los reguladores nacionales. Como las consecuencias de un accidente nuclear pueden ir más allá de las fronteras nacionales, también facilita la coordinación y el intercambio de información entre los Estados miembros que están cerca de una planta. Asimismo, aumenta la transparencia y la información que debe darse a los ciudadanos.
La nueva directiva introduce también un sistema de revisión mutua de las instalaciones nucleares por parte de los países de la UE, que deberá llevarse a cabo cada seis años a partir de 2017. Además, al menos cada 10 años, los Estados miembros tendrán que autoevaluar su marco regulador con el fin de seguir reforzando la seguridad nuclear.
Los Estados miembros tendrán que presentar un primer informe a la Comisión sobre la aplicación de esta directiva el 22 de julio de 2014 y otro el 22 de julio de 2020. La norma, que será ratificada por los ministros esta semana, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el diario oficial de la UE. Los Gobiernos dispondrán entonces de tres años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales.
Fuente: Europa Press
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