La UE aprueba el fondo de 17.500 millones para la transición justa

Bruselas ha completado este lunes la aprobación del nuevo Fondo de Transición Justa, que con una dotación de 17.500 millones de euros pretende mejorar la situación de las regiones dependientes de los combustibles fósiles.

Luz verde a la estrategia comunitaria para la transición justa. La Unión Europea ha completado este lunes la aprobación del nuevo Fondo de Transición Justa, la herramienta con la que el bloque quiere impulsar la transición ecológica y paliar las consecuencias en aquellas regiones más dependientes de los combustibles fósiles. Tras recibir el respaldo del Parlamento Europeo a mediados de mayo, los gobiernos de la UE han dado este lunes el último paso para su aprobación y hacen realidad una dotación de 17.500 millones de euros durante los próximos siete años.

En concreto, el Fondo de Transición Justa contará con una dotación de 7.500 millones de euros procedentes del presupuesto comunitario y de 10.000 millones a cargo del fondo europeo de recuperación. A España le corresponden casi 800 millones de euros entre las dos fuentes de financiación, una cantidad que según ha explicado el Gobierno en repetidas ocasiones irá principalmente destinado a las regiones donde el fin de las centrales térmicas o la minería de carbón haya supuesto un fuerte golpe económico.

El Fondo de Transición Justa es el primer pilar del Mecanismo del mismo nombre, un instrumento clave dentro del Pacto Verde con el que la UE quiere emprender la transición ecológica en su camino hacia una economía libre de emisiones de gases de efecto invernadero a mitad de siglo. El principio “esencial” de este fondo es ayudar a los trabajadores afectados por la transición verde a “adaptarse a nuevas oportunidades de empleo” a través de inversión en formación y reciclaje profesional, la asistencia en la búsqueda de un nuevo empleo y medidas de inclusión social, ha explicado en un comunicado el Consejo de la UE.

En cualquier caso, los países europeos ambién podrán contribuir con sus propios recursos para apoyar a pequeñas empresas, incubadoras de negocios, universidades y organismos públicos de investigación. De la misma forma, podrán financiar inversiones en nuevas tecnologías energéticas y proyectos para mejorar la eficiencia energética o para transitar hacia una movilidad sostenible.

“El Fondo de Transición Justa proporcionará un apoyo muy necesario a las empresas y trabajadores a escala local, de modo que podamos luchar juntos contra el cambio climático sin dejar a nadie atrás”, ha resumido el ministro de Planificación de Portugal, país que ostenta hasta finales de este mes la presidencia de turno de la UE, Nelson de Souza.

Preferencia a la periferia

Según la normativa acordada, los Estados miembros tendrán la competencia para determinar cuáles son sus regiones más afectadas por la transición energética y concentrar en ellos las ayudas de este fondo, aunque deberán prestar “atención especial” a zonas insulares y regiones ultraperiféricas. Eso sí, no se podrán utilizar los recursos del Fondo de Transición Justa para subvencionar la incineración de residuos, el desmantelamiento o construcción de centrales nucleares o actividades relacionadas con productos del tabaco o los combustibles fósiles, explica la Eurocámara.

Además, los países podrán transferir de forma voluntaria recursos de otros fondos de Cohesión para financiar las medidas relacionadas con la transición ecológica. La UE financiará un 85% del gasto de proyectos de regiones menos desarrolladas, el 70% en regiones en transición y la mitad en las regiones más desarrolladas de la UE.

La normativa, no obstante, condiciona el desembolso de parte de las ayudas a la adopción de compromisos por parte de los socios del bloque para lograr la neutralidad climática en 2050. De lo contrario, los Estados miembros sólo tendrán derecho al 50% de su asignación.

Esta salvaguarda del Fondo de Transición Justa va especialmente dirigida a algunos países del Este de Europa, que tienen todavía reticencias respecto al fin del carbón y han fijado metas de descarbonización que Bruselas considera poco ambiciosas. Es el caso de Rumanía, que no prevé cerrar sus centrales térmicas hasta 2032 o la República Checa, cuyo Parlamento ha acordado que hasta 2038 se seguirá usando carbón para fines energéticos. Pero la situación que más preocupa en Bruselas es la de Polonia, donde el Gobierno ha prometido a los trabajadores del sector que el cierre no se producirá hasta 2049, apenas un año antes de tener que cumplir el objetivo de la neutralidad climática.

Fuente: Ágora Diario