Decenas de representantes de todos los sectores de la sociedad (empresas, juristas, ONG, científicos, o administraciones) han puesto sobre la mesa los pasos que deberá dar España para transitar hacia el modelo de desarrollo bajo en carbono al que se ha comprometido ratificando el Acuerdo de París.

El Gobierno dio voz la semana pasada a todas las partes implicadas en la llamada “descarbonización” del país (liberar la economía de emisiones) en las jornadas “España, juntos por el Clima”, y los primeros en tomar la palabra fueron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete.

Los dos coincidieron en un mensaje en el que también incidió la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la clausura: “la transición hacia un modelo de desarrollo libre de emisiones es el futuro, España no puede quedarse atrás y sabrá estar a la altura del reto”.

Entre la primera y esta última declaración política de la ministra, la sociedad ha tenido la oportunidad de poner sobre la mesa cómo quiere que sea la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que va a elaborar el Gobierno.

Los trabajos se desarrollaron en cinco sesiones dedicadas, en este orden, a la agricultura, la adaptación al cambio climático, las ciudades, el transporte y la energía, y tras una introducción inicial del debate por parte de cinco expertos en la materia, los alrededor de 80 participantes por sesión han puesto en común sus ideas distribuidos en ocho mesas según al sector al que pertenecían.

Imagen MAPAMA

Tras una hora de discusión un portavoz de cada mesa leyó en público las conclusiones de cada grupo, que serán recogidas los próximos días en un documento público que elaborará la Oficina Española de Cambio Climático que dirige Valvanera Ulargui.

Como puntos coincidentes, la mayoría de los intervinientes ha opinado que combatir el cambio climático y reducir prácticamente a cero las emisiones a mediados de siglo es una oportunidad para España en términos de creación de empleo y crecimiento económico siempre que se sepa aprovechar el potencial de esta transición para impulsar la I+D+i y movilizar inversiones.

En tanto que la descarbonización es un proceso que abarcará varias décadas, los expertos han destacado que la nueva ley debe ser fruto de un amplísimo consenso político para que perdure en el tiempo, y formule políticas estables y predecibles para los inversores, que queden salvaguardadas de vaivenes electorales.

Ha de ser una ley que cuente también con un gran respaldo social, en tanto que estará en manos de los ciudadanos, como consumidores, tomar las decisiones que volteen un modelo de crecimiento que durante 200 años se ha basado en la quema de combustibles fósiles hacia otro libre de ellos.

Regular la transición requerirá también una reforma fiscal en la que el principio de “quien contamina paga” se aplique en todos y cada uno de los sectores que generan emisiones, y en el que la recaudación por esa contaminación revierta directamente en incentivos que apoyen el nuevo modelo.

Es decir, apoyo y ayudas a las renovables, al transporte electrificado (por tren y carretera), a la rehabilitación energética de edificios, a abaratar el transporte público, a la bicicleta, etcétera.

En definitiva, se tratará de penalizar con efecto disuasorio todas aquellas actividades incompatibles con un mundo libre en emisiones, y beneficiar a todas las que lo favorecen, así como de hacer partícipe al ciudadano de este “redistribución de impuestos”.

Los ponentes creen que la ley debe tener mecanismos de revisión de cuentas y delimitar claramente las responsabilidades de cada administración: Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Las ciudades, donde se concentran el 70 % de las emisiones del Estado, serán fundamentales en este proceso, por eso se ha propuesto que la ley les obligue a registrar su huella de carbono y proponerse objetivos locales concretos en base a la misma.

Para el cumplimiento de esos objetivos, los alcaldes reclaman apoyo financiero que venga de un nuevo modelo impositivo.

La adaptación al cambio climático debe ser protagonista en la nueva ley, en la que los científicos consideran que tiene que incluirse un catálogo de riesgos climáticos, fruto de la evaluación periódica de cuáles son, en el espacio y en el tiempo, los peligros a los que se enfrenta el territorio español debido al calentamiento y qué administración es responsable de poner solución a los mismos.

La ley no debe ser “rígida”, manifestaron todos, y debe poseer mecanismos de flexibilidad para ir integrando tecnologías a la transición a medida que se vayan desarrollando o inventando

Fuente: http://www.navarrainformacion.es