La reforma de la Ley de Costas aprobada en el Congreso

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha aprobado la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988,–con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto en contra de PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG y Compromís-Equo–, para posteriormente ser enviada al Senado, y así continuar con la ‘segunda fase’ de su trámite parlamentario.

De las 145 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al texto del Gobierno, el PP ha aceptado dos de CiU de carácter técnico, así como otras seis pactadas con los grupos parlamentarios; todas ellas de carácter técnico.

Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.

Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.

La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.

Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.

Trámite parlamentario

En diciembre, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya defendió en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley, frente a PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas.

Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.

Así, apuntó que los deslindes en la costas, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, se han venido realizando «de diferente forma según los territorios y la época, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo».

Se introduce también en esta reforma un mecanismo de reacción «rápido y eficaz», que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso de ‘El Algarrobico’, con la llamada ‘cláusula anti-Algarrobico’, «que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo».

1.100 Viviendas no se destruyen con la concesión de 75 años

Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en DPMT, la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que sólo en 2018 expirarían alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

«Hemos intentado utilizar un concepto jurídico en base a precedentes establecidos en otras leyes como la Ley de Aguas y por eso hemos ido a concesiones de 75 años. Otorga seguridad jurídica a los propietarios de un patrimonio que tenía enormemente limitado su mantenimiento. Se ha facilitado igualmente la transmisión ‘intervivos’ de estos bienes», ha justificado el portavoz ‘popular’ Rafael Hernando en el debate de este martes.

Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en la actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras «de un elevado volumen de empleo», como más de 1.700 ocupaciones industriales y cerca de 3.000 ‘chiringuitos’ (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

En el caso de ocupaciones destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera el otorgamiento de la concesión requiere de un informe del órgano ambiental autonómico.

Servidumbre

La principal novedad que se introduce respecto de la zona de servidumbre de protección es la dirigida a las edificaciones que legítimamente la ocupan, a cuyos titulares se les permitirá realizar las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie.

De la misma forma, se prevé reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a 20 metros en relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano, sí tenían en aquella fecha características propias de él.

Esta reducción se contempla también, como posibilidad excepcional, en los márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas, para evitar que en los tramos alejados de la desembocadura se genere, por defecto, una servidumbre de 100 metros. Igualmente, la ley prevé que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio público, se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.

Desde Coalición Canaria, Ana Oramas, critica que el Gobierno legisla sin entender, ni tener en cuenta, las necesidades de las islas Canarias, mientras que Joseba Agirretxea, del PNV, ha manifestado su «gran decepción» ante las «pocas ganas» del Gobierno de negociar acuerdos en algunos planteamientos importantes para el País Vasco.

«Tras la chapucera amnistía fiscal de Montoro llega la amnistía de los chiringuitos y edificaciones ilegales en la costa del ministro Cañete», sentencia desde UPyD, Toni Cantó, a la vez que Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, ha destacado que este texto no cumple con la protección del litoral que promete sino que la desprotege al servicio de «la cultura del pelotazo».

Al mismo tiempo, la ecosocialista lamenta que una ley de este impacto social y económico forme parte de un proceso parlamentario «opaco» y donde el Gobierno dice que ha tenido «poca voluntad» de diálogo y no se ha tenido en cuenta la opinión de los expertos. Por otro lado cree que ampliar el deslinde al 90 por ciento de Formentera desprotege la isla, «una de las perlas a conservar».

Martí Barberá, de CiU, se ha abstenido en la votación de la ley puesto que ésta no recoge sus principales reclamaciones, como dotar de financiación suficiente a las comunidades autónomas para ejecutar la gestión del litoral, al mismo tiempo que amenaza con llegar al Constitucional si no se modifica la intención de «obstaculizar» obras locales a través de la Delegación del Gobierno.

Por su parte, María José Rodríguez, del PSOE, ha insistido en la desprotección de esta normativa, en su opinión un «relato amañado» que alienta la degradación de las costas y abre la veda a la especulación. Mientras que el responsable en la materia del PSOE, Hugo Morán, ha señalado en un comunicado que se pone al servicio del enriquecimiento de unos pocos privilegiados el litoral con la normativa.

Fuente: Europa press