La presión social también puede con la Unión Europea (UE). El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha decidido que el agua quedará al margen de la directiva europea sobre concesiones, una norma para regular la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios como el transporte, la energía y correos. En la decisión, el dirigente francés admite que ha influido la primera propuesta ciudadana europea, un nuevo sistema parecido a la iniciativa legislativa popular que permite “invitar” a la Comisión a que legisle en un determinado sentido. Esta primera movilización popular, que rechaza la privatización de los servicios de agua y pretende que este recurso se considere un derecho humano, como lo ha declarado la ONU, precisaba un millón de firmas de siete países, y los promotores —la Federación Europea de Sindicatos de Servicos Públicos, operadores públicos, ecologistas y partidos de izquierda, entre otros colectivos— han superado ya los 1,6 millones de firmas en 11 países y esperan llegar a dos millones.

Barnier defiende que la directiva sobre concesiones solo pretende mejorar la seguridad jurídica para los contratos entre Administraciones y operadores, así como garantizar la transparencia y la igualdad de trato en el mercado interno.

El eurodiputado popular francés Philippe Juvin, principal responsable de la negociación de esta legislación en el Parlamento Europeo, también defendió que la norma sobre concesiones de servicios “no supondrá la privatización automática de los mismos” ni “dictará a los Gobiernos qué prestaciones y financiación deben ser públicas o privadas”.

Sin embargo, como admite el comisario Bernier, las declaraciones no han convencido a organizaciones sociales de todo tipo que, durante meses, han alertado de que la pretensión final era facilitar la privatización de los servicios y, entre ellos, el de agua. “Entiendo que los ciudadanos se enfaden y decepcionen cuando les dicen que sus servicios de agua pueden privatizarse contra su voluntad. Me sentiría igual si existiera este riesgo”, afirma Bernier en la resolución que deja el agua fuera de la directiva. “Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, añade el comisario.

La iniciativa popular defiende el agua y el saneamiento como derecho humano para impedir que sea un bien comercial sujeto a las leyes de mercado a través de las concesiones, explica el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), Luis Babiano, uno de los promotores de la acción popular. También promueve que el suministro de agua y el saneamiento sean “blindados como servicios públicos esenciales para todos”, añade.

Cuando se presenten en el Parlamento Europeo a defender su propuesta, reclamarán a los Gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento convenientes, que las instituciones comunitarias y los Estados miembros consideren estos como un derecho y velen por que todos los ciudadanos puedan ejercerlo, y que el abastecimiento y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la liberalización.

Esta victoria de la movilización social ha sido celebrada por los promotores de la iniciativa, aunque no dan por cerrado el capítulo y mantienen abierta la recogida de firmas y la campaña iniciada en mayo del pasado año. Los requisitos ya han sido alcanzados, pero los integrantes de la plataforma pretenden llegar a los dos millones de firmas en al menos 14 países.

“A pesar de esta muy buena noticia, creo que hemos de estar muy alerta de las intenciones de la UE y sus políticas de mercantilización del agua”, advirtió Quim Pérez, de Ecologistas en Acción, al resto de miembros de la plataforma. Esta organización prepara un documento “contra las políticas neoliberales de un bien esencial como el agua” y para conseguir su buen estado ecológico. “De qué sirve que el agua sea un bien público fuera de la ley del mercado si nuestros ríos no cumplen los caudales ambientes, nuestros acuíferos están sobreexplotados y nuestras aguas superficiales y subterráneas, altamente contaminadas”, argumenta.

“Primero la sanidad, luego la educación, más recientemente los servicios sociales y ahora, finalizada la burbuja inmobiliaria, pretenden crear la burbuja del agua, lo que significa, en la práctica, incremento de precios, disminución de la calidad del servicio, entrega de un bien ciudadano universal a capital privado, peores condiciones laborales para las plantillas de las empresas y riesgo de privatización del 51% público actualmente existente”, argumentan los responsables de la Secretaría de Internacional y Organización de CC OO, integrante de la federación sindical europea que ha estado a la cabeza de la iniciativa popular.

El gerente de Aeopas añade una razón más. “El canon (el dinero que cobran las Administraciones, principalmente Ayuntamientos, por la concesión de los servicios) ha demostrado que es una puerta abierta a las irregularidades”.

Fuente: El País