El grupo de trabajo del Congreso encargado de debatir sobre el proyecto de Ley de modificación de la Ley de 2002 sobre contaminación y la normativa de 2011 de residuos ha decidido aplazar a después de Semana Santa la aprobación de la citada normativa para poder debatir y estudiar las aportaciones de los grupos parlamentarios a la ley.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, al mismo tiempo que han señalado que, previsiblemente, la normativa será aprobada el martes 9 de abril.

En concreto, esta normativa refunda dos textos normativos de acuerdo con una directiva europea que da plazo a España hasta el mes de julio para su puesta en marcha. Por ello, el Gobierno ha decidido que este proyecto de ley cuente con el ‘procedimiento de urgencia’, de cara a cumplir los plazos comunitarios, y trasponer la directiva europea de 2010 sobre emisiones industriales.

Así, fue a finales de enero cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que modifica la normativa de 2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y que reduce a 9 meses el plazo para otorgar o denegar la autorización ambiental correspondiente.

En concreto, la normativa ha sido sometida a la participación pública, a la consulta de las comunidades autónomas en conferencia sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios, aparte de haber recibido el informe favorable del Consejo de Estado.

Esta nueva ley afectará a 6.100 instalaciones industriales, más que la normativa anterior, como refinerías, cementeras o siderúrgicas. Para alcanzar un «elevado nivel de protección del medio ambiente», se supedita además la puesta en marcha de estas a la obtención de un permiso escrito, la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Por otro lado, se suprime la necesidad de aportar la documentación que ya está en poder de la administración en los procesos de revisión y se suprime el deber de renovar la autorización cada 8 años aunque no hubiera ningún cambio en las circunstancias.

La principal novedad derivada del nuevo marco comunitario sobre emisiones industriales es el reforzamiento de la aplicación de las mejoras técnicas disponibles.

La norma no sólo mantiene los estándares de control sobre la contaminación, sino que exige que las instalaciones sean inspeccionadas, en tanto que agiliza la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y reduce notablemente las cargas administrativas.

Todas las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) existentes deben adecuarse antes del 7 de enero de 2014 a la nueva Directiva.   Para ello, se establece en una disposición transitoria el procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual, el órgano ambiental competente comprobará, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva Directiva.

Por último, se han introducido mejoras en la información y en la comunicación de datos entre las administraciones y los titulares de las instalaciones y se ha mejorado la información pública.

Entonces, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría explicó que, pese a que la legislación es más exigente desde el punto de vista de la protección ambiental, se introducen mecanismos que agilizarán las concesiones de autorizaciones a las empresas.

Asimismo, aseguró que se trataba de una «política más atractiva y ambiciosa» mediante un tratamiento integrado de prevención y control de contaminación en aspectos como emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo; la gestión de los residuos; la prevención de accidentes y la eficiencia energética.

«Es lo que se llama autorización medioambiental integrada», precisó la vicepresidenta, a la vez que añadió que el proyecto reduce el plazo para otorgar o denegar la correspondiente autorización a nueve meses.

Más exigente y ágil

Sáez de Santamaría agregó a su vez que esto permite una mayor simplificación administrativa porque se han reducido muchos trámites en el procedimiento, «sin merma de las garantías y que, fundamentalmente, permite agilidad en sectores como el industrial».

Al mismo tiempo, añadió que incluye una legislación «más exigente» desde el punto de vista medioambiental mientras se introducen mecanismos que agilizarán la concesión o denegación de la correspondiente autorización.

Fuente: EFE