La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha respaldado este pasado martes el reparto de esfuerzos entre los Estados miembros propuesto por la Comisión para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la UE de sectores como la agricultura o el transporte, que exige a España un recorte específico del 26% con respecto a los niveles de 2005.

La comisión europarlamentaria ha aprobado el texto con 42 votos a favor, 4 en contra y 20 abstenciones. El pleno de la Eurocámara debe pronunciarse sobre este asunto en la sesión plenaria que tendrá lugar a mediados de junio en la sede de Estrasburgo.

El objetivo de esta medida es cumplir el compromiso del bloque comunitario en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático y cubre las emisiones de los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de emisiones, es decir, vivienda, transporte, la agricultura y la gestión de residuos.

Parlamento Europeo. http://elpais.cr/

Estos sectores son responsables del responsables del cerca del 60% de las emisiones totales en la UE en 2014 y el objetivo del bloque comunitario es reducir sus emisiones en un 30% para 2030 en comparación con los niveles registrados en 2030. La meta global de la UE es recortar las emisiones totales en un 40% con respecto a 1990.

Los países a los que se les exige unos mayores recortes de sus emisiones son Luxemburgo y Suecia (un 40%), seguidos de Dinamarca y Finlandia (un 39%), Alemania (38%), Francia y Reino Unido (37%), Países Bajos y Austria (36%), Bélgica (35%), Italia (33%) e Irlanda (30%).

Además, los eurodiputados han añadido un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2050 del 80% en comparación con los niveles de 2005, con el objetivo de garantizar la predictibilidad a largo plazo.

La comisión de Medio Ambiente también ha propuesto la creación de una «reserva de intervención temprana» para impulsar a los Estados miembros a emprender acciones antes de 2020, a cambio de una mayor flexibilidad durante el último periodo del esquema.

Sin embargo, los eurodiputados son partidarios de limitar el uso de la silvicultura como una «herramienta de flexibilidad» y de reducir el límite máximo de las absorciones de emisiones resultantes de actividades relativas al uso del suelo, el cambio del uso del suelo y la silvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés), que puede usarse para alcanzar los objetivos.

Fuente: La Vanguardia