La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha abierto diligencias previas para investigar y determinar los daños al dominio público hidráulico, causados tras precipitarse este domingo al cauce del río Sil dos vagones del tren de mercancías que descarriló el pasado 28 de julio en Sobradelo (Orense).
Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), los servicios técnicos del organismo de cuenca evalúan las posibles afecciones a la calidad de las aguas mediante muestreos periódicos y la visualización de vídeos y fotografías de guardería fluvial.
Se trata, subraya el Miteco, de esclarecer los hechos y determinar los posibles daños ocasionados al dominio público hidráulico y sus zonas de protección y si estos fuesen constitutivos de infracción de la legislación de aguas, en cuyo caso se procedería a la incoación del correspondiente expediente sancionador.
Según las pesquisas realizadas por la CHMS, los vagones habrían sido empujados de forma intencionada para que se produjera su caída por el talud, una operación que no sería autorizable con esas características.
Tren de mercancías
Tras el descarrilamiento del tren de mercancías que circulaba en la línea Monforte-Ponferrada el martes 28 de julio, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) llevó a cabo diversas labores necesarias para la retirada del convoy y el restablecimiento de la circulación, subraya el comunicado del Miteco.
En la mañana del 2 de agosto, la CHMS recibió una comunicación de la Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA) en la que se informaba de que, como parte de los trabajos de retirada de los vagones descarrilados y dada la dificultad de su recuperación, se procedía por razones de seguridad a dejarlos caer hacia el cauce para posteriormente recuperarlos.
Debido a que dicha operación no era viable desde el punto de vista ambiental en la forma planteada, el organismo de cuenca decidió desplazar al lugar a personal de vigilancia con objeto de recopilar información y realizar un análisis de la situación, añade la nota.
El comunicado concluye que esa misma tarde se produjo la caída de los vagones por el talud hacia el cauce para quedar depositados dentro del dominio público hidráulico, si bien uno de ellos alcanzó el cauce de aguas bajas y provocó su enturbiamiento momentáneo, por lo que se procedió a realizar una toma de muestras de las mismas.
Comienza la retirada de vagones
Adif inició el pasado miércoles el operativo para la retirada de los vagones de mercancías en Carballeda de Valdeorras. En el lugar quedan cuatro: dos que están junto a la vía, en el lado del talud, y los dos que fueron empujados al cauce del río Sil. En un comunicado, la empresa pública explica que desmontará los vagones para transportar los restos en ferrocarril, una tarea que será ejecutada por sus técnicos y los de Renfe. Los trabajos, calcula, durarán en torno a una semana, por lo que será necesario un plan alternativo de transportes al estar interrumpida la vía.
Para desarrollar estas tareas, ha indicado Adif, «se están tramitando los permisos preceptivos, que incluyen una autorización para usar maquinaria no agrícola ni forestal en zonas próximas a montes, que debe emitir la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural, y otra para hacer trabajos en una zona de protección del cauce del río, que debe conceder la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
En el operativo se emplearán dos grúas de carretera de 80 toneladas, con las que se estabilizarán los vagones situados junto a la vía y que permitirán que los trabajadores y los equipos que necesiten bajen al vagón que se encuentra en la orilla del río y que, una vez desmontado, se puedan retirar las piezas.
Los operarios deberán construir un vial de acceso para vehículos de carretera, de 400 metros de longitud, para que las grúas puedan ir desde la estación de Sobradelo hasta el punto del descarrilamiento. El perímetro se desbrozará para evitar posibles incendios por el uso de maquinaria.
Adif: ocho sanciones y 17 expedientes por daño ambiental en un año
Aunque por actuaciones menos aparatosas que la acontecida en Sobradelo, es habitual que el gestor de infraestructuras ferroviarias, presidido por la gallega Isabel Pardo de Vera, se enfrente a expedientes y sanciones por daños ambientales en el desarrollo de su actividad.
La última memoria medioambiental presentada por la empresa pública, de hecho, recoge 17 expedientes administrativos, de los que ocho conllevaron una sanción económica, a lo largo de 2018. En el año anterior, en 2017, fueron 15 expedientes y siete de ellos acabaron en una multa.
Fuente: EFEverde, Economía Digital
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