La Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente abordará en los próximos meses la redacción del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural de L’Albufera. El espacio protegido más importante de la Comunidad Valenciana carece del documento base para su gestión desde que lo anuló el Tribunal Supremo el año pasado al confirmar una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ).
El TSJ estimó el recurso de Acció Ecologista-Agró contra el PRUG aprobado por el exconsejero Rafael Blasco, que abrió el humedal a la construcción en zonas específicas como El Palmar o Pinedo. El plan de Blasco causó una gran polémica por cambiar el régimen urbanístico de L’Albufera. El TSJ dio la razón a los ecologistas y anuló los apartados que afectaban a las normas urbanísticas que rigen en el humedal. La Generalitat recurrió el fallo de 2008, por lo que la gestión del parque mantuvo el PRUG hasta el año pasado, cuando el Supremo confirmó las objeciones del TSJ valenciano.
La consejería restó importancia al revés judicial y alegó que el PRUG expiraba en 212. Ahora, el director general de Medio Natural, Alfredo González, anuncia que mantendrá reuniones con los ayuntamientos que rodean el parque y organizará jornadas para debatir un nuevo texto que «se orientará a la consecución de los recursos hídricos necesarios, a mejorar la calidad de estos recursos y al mantenimiento de la actividad agrícola, bases necesarias para mantener las actividades económicas del área» de L’Albufera.
González, en una nota hecha pública ayer, no da detalles sobre el contenido del PRUG. En un plan general, afirma que «debe ser el referente de las políticas sociales y administrativas del área, que deben enfocarse a la protección de los recursos de la zona húmeda más importante de la Comunidad Valenciana, de forma que se garantice el mantenimiento de los usos agrícolas y pesqueros del lago y su entorno». Será la letra pequeña la que determine si el nuevo PRUG nace con mayor consenso que el anterior, que ha estado marcado por la polémica y controversia judicial durante ocho años.
Fuente: El País
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