La Comisión Europea ha presentado una nueva directiva sobre información no financiera y diversidad, que tiene objetivo mejorar la transparencia de las grandes empresas en materia social y de medio ambiente.
El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha sido el encargado de presentar esta nueva directiva con la que Bruselas quiere promover la transparencia como herramienta para la mejora de la competitividad y los resultados financieros de las empresas: “Hoy proponemos una legislación importante sobre la transparencia de las empresas de todos los sectores. Se trata de proporcionar información útil para las empresas, los inversores y la sociedad en general, algo muy reclamado por la comunidad de inversores. Las empresas que ya publican información sobre su rendimiento financiero y no financiero adoptan una perspectiva a más largo plazo a la hora de tomar sus decisiones. También disfrutan de menores costes de financiación, atraen a los trabajadores con talento y los conservan y, en última instancia, tienen más éxito. Esto es importante para la competitividad europea y la creación de más puestos de trabajo”.
Para Barnier, “las mejores prácticas deben convertirse en la norma. Las nuevas normas solo se aplicarán a las grandes empresas, con más de 500 empleados, porque los costes de exigir su aplicación a las pequeñas y medianas empresas podrían pesar más que las ventajas».
Con arreglo a la propuesta, las grandes empresas, con más de 500 empleados, estarán obligadas a divulgar información social y medioambiental pertinente y esencial en sus informes anuales. El planteamiento adoptado garantiza que la carga administrativa sea mínima. Se difundirá la información concisa que resulte necesaria para entender la evolución, el comportamiento o la situación de la empresa, en vez de un informe completo y detallado de sostenibilidad. Si informar en un ámbito determinado no es pertinente para la empresa, esta no estará obligada a ello, sino únicamente a explicar el motivo de no hacerlo. Además, los datos pueden facilitarse a escala del grupo, en lugar de tener que hacerlo cada empresa perteneciente al grupo, según informa la Comisión Europea.
La medida propuesta se ha formulado sin intención prescriptiva y deja un amplio margen a las empresas en lo relativo a la forma en que consideren más conveniente divulgar la información pertinente. Las empresas podrán utilizar las directrices internacionales o nacionales que consideren apropiadas, por ejemplo el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o la ISO 26000.
En lo que respecta a la transparencia en materia de diversidad en los consejos de administración, las grandes empresas que cotizan en bolsa tendrían que proporcionar información sobre su política de diversidad (edad, sexo, diversidad geográfica, formación y experiencia profesional). La información divulgada incluirá los objetivos de la estrategia, la forma en que se haya ejecutado y sus resultados. Las empresas que no apliquen una política de diversidad deberán explicar el motivo. Este planteamiento se ajusta a la normativa general de la UE sobre Gobierno Corporativo.
En la actualidad, menos del 10% de las mayores empresas europeas divulga esa información con regularidad. Con el tiempo, algunos Estados miembros han introducido requisitos de divulgación más estrictos que los dispuestos en la cuarta Directiva sobre Derecho de sociedades. Por ejemplo, el Reino Unido promulgó legislación sobre este tema en 2006 y la está actualizando ahora; Suecia lo hizo en 2007; España, en 2011, el mismo año en que Dinamarca modificó su legislación, mientras que la última actualización hecha por Francia data de mayo de 2012.
La nueva directiva supone cambios en las directivas sobre contabilidad, Cuarta y Séptima Directiva sobre Contabilidad Anual y Consolidada.
¿Coste o inversión?
De acuerdo con los cálculos efectuados por la ejecutivo europeo la nueva directiva afectará a unas 18.000 empresas, por lo que si actualmente hay 2.500 que hacen pública su información no financiera, habrá otras 15.500 compañías que tendrán que cumplir con estos nuevos requerimientos, lo que supone un incremento de más del 600%.
En cuanto a los costes, existe una amplia gama de estimaciones. La mayoría coincide en que hacer pública este tipo de información podría costar a una compañía grande entre 30.000 y 600.000 euros por año. La cantidad concreta depende del tamaño de la empresa y la complejidad. También varía de acuerdo con el uso interno y externo, así como su visibilidad.
El 6 de febrero de 2013, el Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones («Responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible» y «Responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora»), en las que reconoce la importancia de la transparencia de las empresas en materia medioambiental y social.
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