La Comisión Europea ha manifestado su «preocupación» por que Andalucía siga adelante con la ampliación de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana para su calificación como suelos agrícolas reglables y está dispuesta a proteger el humedal «con todos los medios».

Pozo ilegal en las inmediaciones de Doañana

Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa y ha recibido el reconocimiento a escala mundial. Además, la protección de la biodiversidad es primordial en el contexto del Pacto Verde Europeo y el camino hacia la recuperación después de la pandemia de la Covid-19; dos argumentos que sustentan la «preocupación» expresada por la Comisión Europea ante la intención del Gobierno andaluz de proseguir con la ampliación de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana para su calificación como suelos agrícolas reglables.

El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó, la pasada semana, que prosiga la tramitación de la Proposición de Ley presentada por PP, Cs y Vox sobre la revisión de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana. Una decisión que se produce diez días después de que la Comisión Europea remitiese una carta a las autoridades españolas en la que le advertía con acudir por segunda vez ante Tribunal de Justicia para solicitar sanciones por este Plan andaluz de regularizar 1.460 hectáreas de regadío del entorno de Doñana «que no cuentan con los preceptivos permisos». España cuenta un mes para dar respuesta a la misiva con explicaciones sobre la falta de cumplimiento de la sentencia del TUE.

La Comisión Europea está dispuesta a utilizar «rápidamente todos los medios disponibles» para garantizar la ejecución de una sentencia de la justicia europea que condenó a España en 2021 por no proteger los humedales de Doñana, unos de los «más destacados» de Europa.

«Estamos profundamente preocupados por los recientes planes que se sumarían a los insostenibles niveles de extracción de agua que ya han provocado una importante disminución de los niveles piezométricos de sectores específicos de las masas de agua subterránea de Doñana», dijo el portavoz sobre asuntos de medioambiente del Ejecutivo comunitario, Adalbert Jahnz.

La regulación de los regadíos en el entorno de Doñana, impulsada por la Junta de Andalucía, «obviamente, pondría en peligro las perspectivas de cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia», subrayó el portavoz.

En este sentido, Jahnz recordó que la directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooijer, envió hace diez días una carta a las autoridades españolas para transmitirles estas preocupaciones e instarlas a que apliquen cuanto antes toda la gama de medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la citada sentencia del TJUE.

Por el momento, Bruselas no ha tomado ninguna «medida adicional» más allá del envío de esa carta».

En la misiva, el Ejecutivo comunitario ya advertía en esa misiva de que está dispuesto a «hacer uso sin dilación alguna de cuantos instrumentos tiene a su disposición para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia».

En particular, como siguiente paso en el procedimiento, la Comisión «podría decidir acudir al Tribunal de Justicia una segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias», enfatizaba la carta, que daba un plazo de un mes para responder.

El cumplimiento «oportuno y correcto» de las sentencias del TJUE y de la legislación de la UE es «esencial para mantener una base sólida para la Unión Europea y garantizar que las políticas de la UE tengan los efectos previstos y aporten beneficios a los ciudadanos», recalcó el portavoz comunitario.

Una sentencia por no proteger el agua y el hábitat de Doñana

En una sentencia dictada el pasado mes de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) expresa que España no ha tomado las medidas adecuadas para proteger las masas subterráneas de agua que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos causado precisamente por las extracciones ilegales.

Este caso se remonta al 2009, cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo recibieron varias quejas y peticiones que denunciaban el deterioro de los hábitats del Espacio Natural Protegido de Doñana debido a la extracción de agua subterránea para el riego agrícola.

La Comisión consideró que esta situación constituía un incumplimiento del Derecho de la Unión. En concreto, suponía infracción de la prohibición de deterioro impuesta por la Directiva Marco del Agua, por lo que Bruselas abrió expediente a España en 2014 y cinco años más tarde elevó el asunto a la Justicia europea tras constatar que las autoridades nacionales no habían actuado para remediar los problemas identificados.

Así, el Tribunal de Justicia estima parcialmente el recurso interpuesto por la Comisión y declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva marco sobre el agua en dos aspectos.

En primer lugar, señala que nuestro país “no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana en el marco de la caracterización adicional del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021”.

Fuente: El Ágora Diario