Los responsables de Gas Natural Fenosa y el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, se reunieron este martes en Sevilla para abordar la paralización de la tramitación del proyecto de extracción y almacenaje que esta compañía quiere acometer en Doñana. Tras el encuentro, la compañía ha asegurado que su compromiso es que la actuación «se desarrolle con las máximas exigencias medioambientales». Además, ha insistido en que los estudios de evaluación ambiental incluyen «la caracterización y valoración de los impactos acumulativos», siguiendo «las exigencias marcadas por la normativa ambiental».
Gas Natural ha rebatido así los argumentos que ha empleado la Junta para suspender la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada, un requisito que la empresa debe completar si quiere obtener el último permiso del Ministerio de Industria para operar. El problema reside, según la consejería, en que al haberse troceado el proyecto en cuatro partes para su tramitación no se pueden evaluar bien los impactos que tendría esta actuación sobre Doñana. Por eso, según ha recordado el departamento de Planas, la Junta ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que haga «una valoración conjunta», que debería incluir «el análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos» que se puedan producir «en el medio ambiente y, especialmente, en los espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000».
Gas Natural ha afirmado que prevé invertir 200 millones y que lleva trabajando en la extracción de gas en el entorno de las marismas de Doñana «durante casi tres décadas aportando empleo y actividad económica a una zona con difíciles alternativas laborales». Ha recordado que ha operado «sin ninguna incidencia».
Lo que pretende hacer ahora la empresa es ampliar su actividad. Quiere construir unos 20 kilómetros nuevos de gasoductos, para unirlos a la red que ya tiene, y cinco sondeos más de extracción. Además, cuando se agote el gas, prevé utilizar las cavidades para el almacenamiento. El proyecto se remonta a mediados de la década pasada. En 2010, la compañía logró —sin la oposición de la Junta— una primera Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. En enero de este año, el departamento de Miguel Arias Cañete concedió a la empresa las otras tres DIA positivas. El problema surge en dos de ellas, que contemplan actuaciones dentro del espacio natural de Doñana. Ante esta circunstancia, la normativa obliga a que la comunidad autónoma emita un certificado de no afección a la Red Natura 2.000, el sistema europeo de zonas protegidas del que forma parte Doñana. La Junta afirma que no puede completar ese trámite porque no se han evaluado los impactos conjuntos del proyecto.
Tras la reunión de este martes, el jueves está previsto un encuentro del consejero Planas con los grupos ecologistas para abordar este mismo asunto. Estas organizaciones ya han mostrado su rechazo al proyecto.
Fuente: El País
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