La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, destacó ayer en el Congreso que el Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, aprobado por el Ejecutivo y que ahora se debate en las Cortes, “tiene el objetivo de mejorar el régimen de protección, conservación y restauración de nuestra biodiversidad”.

García Tejerina intervino en el debate de totalidad de este Proyecto de Ley en el Pleno del Congreso de los Diputados. La ministra destacó que “España tiene un importantísimo patrimonio natural, lo que requiere de un mayor esfuerzo para mejorar y hacer más eficaz la protección de nuestro medio natural”.

Así, detalló que “somos un país único en la Unión Europea en cuanto a biodiversidad y patrimonio natural, albergamos en nuestro territorio el 40% de las especies de flora y fauna presentes en la UE, somos el único país europeo junto a Francia con cuatro regiones biogeográficas diferentes, y disfrutamos también de una gran variedad de hábitats”.

PROYECTO DE LEY NECESARIO Y DE CONSENSO

Por todo ello “la necesidad” de este Proyecto de Ley, según explicó la ministra, que se apoya en la experiencia adquirida por las distintas administraciones en los más de siete años de aplicación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, así como en el intercambio de ideas, y experiencias, con toda la sociedad involucrada en la gestión y conservación del Patrimonio Natural. “Es pues, un Proyecto de Ley necesario y de consenso”, afirmó.

“En estos siete años , se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar ciertos aspectos de la aplicación de esta norma, para garantizar que España sea un país de vanguardia en la protección de su patrimonio natural y de su biodiversidad”.

MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA

Este Proyecto de Ley persigue un triple objetivo: mejorar la transparencia y la seguridad jurídica en cuanto al régimen de protección de los espacios protegidos, así como facilitar su gestión; mejorar la protección y conservación de las especies amenazadas; y garantizar la correcta aplicación de la normativa comunitaria e internacional en materia de biodiversidad.

“Para mejorar la  transparencia y seguridad jurídica del régimen de protección de los espacios protegidos y favorecer su gestión, una de las principales novedades que incorporamos es que los Registros de la Propiedad y del Catastro deberán facilitar la información sobre protecciones ambientales que afecten a superficies incluidas en espacios protegidos, para ganar en transparencia, dotar de mayor seguridad jurídica a todo lo relacionado con el régimen de propiedad de los espacios protegidos y garantizar una mejor protección de estos espacios”, afirmó García Tejerina.

Esta información, que facilitarán tanto el Registro de la Propiedad como el Catastro, será a efectos meramente informativos. Es decir, el Proyecto de Ley ni crea, ni deroga, ni regula protecciones, pero sí contribuirá a mejorar la protección ya existente de nuestro patrimonio al facilitar su conocimiento.

Para conseguir esta finalidad, el Ministerio mantendrá actualizado un servicio de mapas en línea que permita identificar y delimitar los ámbitos espaciales protegidos. De esta forma, los Registros y el Catastro importarán los datos de estos mapas a sus sistemas informáticos. “Se conseguirá, en definitiva, mejorar la información que se proporciona a los ciudadanos, al mismo tiempo que se  instrumenta un mecanismo de publicidad y transparencia”, añadió la ministra.

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES COHERENTES CON LA CONSERVACIÓN

Por otro lado, y con el fin de mejorar la gestión de los espacios protegidos, el Proyecto de Ley incluye una serie de medidas destinadas a fomentar el apoyo de las administraciones públicas a las actividades coherentes con la conservación de los espacios protegidos.

Estas actividades, entre las que se encuentran las turísticas, agrícolas, ganaderas o de ocio, contribuyen, sin duda, al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo de calidad y respetuoso con el medio ambiente.

MEJORA DE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES AMENAZADAS

Para mejorar la protección y conservación de las especies amenazadas, el Proyecto de Ley incrementa los niveles actuales de protección de la biodiversidad española y permite la incorporación de aspectos clave que refuerzan las políticas de conservación.

Así, en el texto se han corregido cuestiones que se han demostrado poco operativas a la luz de la experiencia adquirida y se han incorporado nuevas disposiciones de gran relevancia, como la regulación de las primeras importaciones de especies no autóctonas: se establece que la primera importación de especies no autóctonas potencialmente dañinas sea sometida a autorización administrativa, previa realización de un análisis de riesgos por el importador.

Se regula, también, la reintroducción de especies autóctonas desaparecidas de nuestro país, para promover su reintroducción, y que ésta se ejecute con todas las garantías; y con el fin de mejorar la coordinación entre las administraciones se ha incluido la necesidad de dotarse de metodologías comunes para el seguimiento de la biodiversidad, para que la toma de decisiones se realice con una base de conocimiento comparable y más sólida.

CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL

El tercer gran objetivo de este proyecto normativo es el de garantizar la correcta aplicación de la normativa internacional y comunitaria en materia de biodiversidad, y en particular, del Protocolo de Nagoya, de la Directiva de Aves y de la Directiva de Hábitats.

Así, se regula el acceso a los recursos genéticos de especies silvestres, de acuerdo con el Protocolo de Nagoya, ratificado por España hace un año. Aunque será necesario un desarrollo reglamentario posterior, el Proyecto exige que el acceso a estos recursos, que pueden ser utilizados para fines cosméticos o farmacéuticos, esté sujeto a una autorización previa y que se acuerden las condiciones para su utilización.

También se persigue perfeccionar la incorporación de las Directivas de Aves y de Hábitats a nuestro ordenamiento jurídico, y se incluyen las actualizaciones necesarias en aplicación de la Estrategia de la UE sobre biodiversidad hasta 2020. Así, entre los principios que informan la Ley se añaden otros nacidos al amparo de dicha Estrategia y aceptados por todos los países de la UE como evitar la pérdida neta de biodiversidad y la necesidad de restaurar los sistemas que fueron degradados en el pasado.

En esta línea, el Proyecto de Ley también trae en consideración los elementos principales existentes en la Comunicación de la Comisión Europea sobre Infraestructura Verde, y se establece la aprobación de una Estrategia Estatal sobre infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas.

MAYOR VINCULACIÓN ENTRE BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

“En definitiva, con este Proyecto de Ley se refuerza la protección de la biodiversidad, incorporando los últimos avances llevados a cabo  en la normativa comunitaria”, resumió la ministra, que destacó también la introducción de una mayor vinculación entre biodiversidad y cambio climático.

Así, se incorporan, entre los principios inspiradores de la ley, la prevención de los problemas emergentes como consecuencia del cambio climático; la mitigación y adaptación al mismo; y la lucha contra sus efectos adversos.

“Es más, esta nueva Ley incorporará, entre los deberes de los poderes públicos, el diseño de medidas de adaptación y mitigación, para minimizar los riesgos e impactos del cambio climático sobre la biodiversidad, y medidas para asegurar la persistencia de las especies en un contexto de cambio climático”, resaltó.

COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL MEDIO AMBIENTE

García Tejerina señaló que este Proyecto de Ley “se suma a otras importantes y necesarias reformas acometidas  por el Gobierno en legislación medioambiental desde el inicio de la legislatura, y es una muestra más del compromiso con el medio ambiente y con la protección de la biodiversidad”.

“En todo este camino, nuestro principal objetivo ha sido asegurar que las normas ambientales sean un instrumento más eficaz para la protección de nuestro medio ambiente. Y, a la vez, comprometer al conjunto de la sociedad española, y sus agentes sociales, con su protección y mejora”, ha proseguido.

La ministra concluyó destacando que, “sin duda alguna, es una obligación moral para todos los españoles y, en especial, para sus representantes políticos, hacer todos los esfuerzos necesarios para conservar y mejorar nuestra naturaleza y entregarla a las generaciones venideras en mejor estado de cómo la recibimos”.

Fuente: MAGRAMA