La Fundación Nueva Cultura del Agua, organización dedicada al estudio, investigación y difusión y debate social en materia de recursos hídricos y medio ambiente acuático, cree que las reformas anunciadas esta semana por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, representan «una involución en la política ambiental, tanto en materia de costas, aguas y una laxitud en la evaluación ambiental».

Además, según ha trasladado el catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua Leandro del Moral, la posición de Arias Cañete «puede retrotraer la política territorial y ambiental de España a una situación anterior a la del año 2000».

En materia de aguas, Del Moral subraya que se anuncia «una política del agua centrada en el fomento público de la obra hidráulica estatal, reduciendo «los deberes de carácter ambiental a su mínima expresión posible». Además, con esta medida «se refuerza las aspiraciones de trasvases entre cuencas aunque el ministro no las concreta», ha indicado.

En este sentido, critica que «Arias Cañete ha lanzado, arropado en un discurso ambiguo, un mensaje de clara complacencia hacia los intereses económicos de las oligarquías de los regantes». Por otro lado, señala que se ha lanzado un mensaje de «recentralización» de la política de aguas bajo la Dirección General del Agua, cuando la nueva política europea al respecto considera a la cuenca hidrográfica como «la principal unidad de planificación y gestión de las aguas, no el Estado», y que el primer objetivo de dicha política debe ser la protección de las aguas y sus ecosistemas, «no las obras hidráulicas».

Al hilo de esto, el catedrático de la Universidad de Sevilla ha asegurado que la nueva lista de infraestructuras es «el lubricante necesario para sacar adelante ese pacto, acallando las discrepancias de los representantes de las Comunidades Autónomas».

Planta desaladora. Foto: http://www.eolapaz.es

Aguas Residuales

De otro lado y en referencia a las palabras del ministro sobre el impulso al uso de aguas residuales, liberando aguas de mayor calidad para otros fines y asegurando el mantenimiento de los caudales ecológicos, Del Moral ha recordado que el objetivo comprometido por todos los Estados en el seno de la Unión Europea para el buen estado de todas las masas de agua para el 2015 «no se consigue destinando a este fin las aguas residuales tratadas, pues no es solo una cuestión de cantidad sino de la calidad de las aguas que se destinan al mismo».

En este sentido, ha comentado que es «necesario» recordar que el buen estado de todas las masas de agua «también comprende a las aguas subterráneas que ni siquiera mencionó el ministro en la comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles.

Aunque Arias Cañete no específico las medidas concretas con las que se va a actuar para resolver los problemas de déficit de agua, sí manifestó «un rechazo expreso a la desalación», según Del Moral, centrándolo en su coste para los regantes y sus efectos ambientales de consumo energético y el vertido de salmuera. Sin embargo, el ministro, a su juicio, «ocultó que el coste es menor que el de los trasvases, menos costes energéticos que un trasvase si se analiza el ciclo de vida completo de la obra y mucho menor impacto ya que un buen emplazamiento corrigen los posibles efectos negativos».

En este sentido, advierte de que «no debe analizarse una medida como la desalación sin un análisis comparado del coste de todas las medidas factibles».

Suprimir garantías de defensa

De otro lado, según el catedrático de la Universidad de Sevilla, el ministro también ha alcanzado el compromiso de simplificar y racionalizar la normativa ambiental, un anuncio que supone «una medida de riesgo para la eficacia de la protección ambiental, que por la complejidad de los problemas requiere un tratamiento integrado y un control administrativo amplio». Del Moral ha comparado esta medida «con la simplificación del procedimiento penal que podría llevar a suprimir garantías de defensa del acusado».

Con respecto a la gestión del litoral, critica que la política del Ministerio se vaya a centrar en la flexibilidad de los criterios de protección del dominio público y de los ecosistemas, pues conlleva «una reducción de la prioridad de la protección ambiental establecida en el Derecho comunitario y en las actuales estrategias científicas e internacionales de gestión costera».

El miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua ve «incompatible» con la reducción de los riesgos de inundación, la fragilidad ecológica de las costas y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es