Con el inicio del año hidrológico, a las 00.00 horas del 1 de octubre, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha puesto fin al último y polémico trasvase desde la cuenca de este río hacia Levante. De esta forma, el Gobierno central ha apurado las últimas horas para seguir derivando agua con un caudal medio de 24 metros cúbicos por segundo, que alcanzó su máximo nivel a las 14.00 horas del sábado, día 30 de septiembre, con casi 29 metros cúbicos por segundo. En total, se han trasvasado casi dos hectómetros cúbicos (dos mil millones de litros) de agua.
La decisión de este nuevo trasvase, una compraventa de derechos entre particulares, la adoptó el nuevo presidente de la Confederación, Juan Carlos de Cea, nada más tomar posesión en sustitución de Miguel Antolín quien según fuentes consultadas, se había negado a asumir esta orden del Ministerio de Agricultura (a través de la Dirección General del Agua) debido a la situación de emergencia de los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía.
Según los datos actualizados de los embalses, estos pantanos almacenan ahora un total de 235,58 hectómetros cúbicos, un punto y medio por debajo de los picos marcados en la jornada del viernes, cuando se abrieron las compuertas y se desató la alarma entre varios colectivos de defensa del río del Tajo de Talavera de la Reina y de Toledo, así como de la Asociación de Municipios Ribereños.
Con los embalses de la cabecera del río Tajo por debajo de su nivel trasvasable y a menos del 10% de su capacidad, este nuevo trasvase, según la Delegación del Gobierno, ha sido una cesión de agua entre particulares, para cuya autorización se ha pedido informe a la Abogacía del Estado, «que no ha encontrado motivos para negarlo». Sin embargo, nada ha comentado el Gobierno de Mariano Rajoy sobre el hecho de que con ello se incumpla el Real Decreto de septiembre de 2014 que modificó las normas reguladoras del acueducto Tajo-Segura, así como la Ley Evaluación Ambiental de 2013 que elevó de 240 a 400 hectómetros cúbicos el umbral por debajo del cual no se pueden aprobar trasvases hasta 2020. Una disposición adicional a la Ley de Montes rebajó después ese límite, pero de cualquier forma, la derivación se realiza con el umbral mínimo ya superado.
«Alevosía, premeditación y nocturnidad»
Es uno de los motivos por los que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha se ha mostrado más que sorprendido. La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha denunciado esta decisión como un “ataque directo y realizado con alevosía, con premeditación y con nocturnidad” por parte del Gobierno central. “Ahora que la mente de todos los españoles está mirando a Cataluña, el Gobierno de Rajoy ataca a los intereses y al corazón de Castilla-La Mancha con un nuevo trasvase”. Esta derivación ya ha sido recurrida, sumándose a una anterior compraventa entre privados desde Estremera que ya denunció la junta el pasado mes de junio.
El Gobierno castellano-manchego exige por ello las explicaciones tanto del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente como de la CHT y será uno de los principales temas en la reunión que García-Page mantendrá con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La consejera ha dicho por último que “no empieza con buen pie” el sustituto de Miguel Antolín al frente de la Confederación, ya que “en su primer día ha materializado un nuevo ataque a Castilla-La Mancha y habrá que ver con qué intenciones sigue en el cargo”.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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