El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, abogó ayer en su intervención por una nueva regulación del agua que permita la colaboración público-privada y adelantó cambios inminentes en materia de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel estatal.
Durante su intervención en el Desayuno Informativo “Medio Ambiente: el reto de una política vinculada a la realidad”, organizado por Executive Forum España y patrocinado por Acciona Agua, Federico Ramos manifestó que sobre la política medioambiental pesan “prejuicios clásicos” que no tienen justificación como el “falso dilema” de que el desarrollo solo es posible a costa de la naturaleza y que la protección del medio ambiente implica sacrificar la actividad económica.
A su juicio, “no se trata de dos caminos que puedan transitarse por separado”, sino que del concepto de desarrollo “no se puede desagregar la sostenibilidad” y que “el error es no haber advertido que la conjunción genera oportunidades y actuar en consecuencia”.
Otro de los prejuicios, según indicaba, es el ideológico que considera que las políticas ambientales son patrimonio de la izquierda. En su opinión, “el resultado de la gestión que haga cada uno es lo que debe constituir el centro del debate político”.
Reformas Normativas
En este sentido, garantizó el compromiso del Gobierno con el medio ambiente y que, por esta razón, desde el inicio de la legislatura ha emprendido un amplio programa de reformas normativas.
Entre ellas, citó el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que restableció el principio de unidad de cuenca e introdujo medidas para mejorar la gestión del agua en situaciones de escasez, entre otras.
Además, el Ministerio ha promovido el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de Ley de Costas, actualmente en tramitación parlamentaria, que corrige y mejora la normativa de 1988, incrementa la seguridad jurídica e introduce nuevas medidas de protección, según Federico Ramos.
Así, ha citado la llamada cláusula anti-Algarrobico –que permite que el Estado pueda suspender en vía administrativa los acuerdos que adopten las entidades locales y que infrinjan la Ley de Costas– como “una medida preventiva que evitará situaciones no deseadas”.
Ramos se refirió al futuro anteproyecto de ley de Evaluación Ambiental en el que está trabajando el Ministerio, con el objetivo de reducir, simplificar los procedimientos y acortarlos lo más posible, en sintonía con el proyecto de revisión de la Directiva comunitaria.
Junto a esta iniciativa, avanzó que se revisará la Ley de Parques Nacionales, así como la de Aguas y la de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Concluyó recordando que la política medioambiental del Ministerio “siempre se va a apoyar en el ciudadano”, que España es un país que ha aprovechado sus oportunidades y que “en este momento, una de ellas, es volver a la realidad, y emprender el camino para ser sostenibles”.
Fuente: magrama e iagua
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