El Tribunal Supremo ha dado el arma definitiva a los ecologistas. En una sentencia de principios de junio establece que «todos, absolutamente todos, los proyectos, planes y actividades que se vayan a instalar, o llevar a cabo, en territorio declarado Red Natura 2000» tienen que tener un control ambiental.
Atardecer en la marisma, Doañana/ Fuente: Junta de Andalucía
El Tribunal Supremo ha dado el arma definitiva a los ecologistas. En una sentencia de principios de junio establece que «todos, absolutamente todos, los proyectos, planes y actividades que se vayan a instalar, o llevar a cabo, en territorio declarado Red Natura 2000» tienen que tener un control ambiental. El fallo da la razón a la ONG SEO/Birdlife, que había recurrido los planes extremeños de gestión. También obliga a establecer criterios de seguimiento de control de especies en Red Natura, que supone un 30% del suelo español. La sentencia llega cuando las comunidades están relajando las normas ambientales para favorecer la construcción.
La Red Natura 2000 son espacios señalados por su importancia ecológica en base a las directivas europeas. No tienen las restricciones de un parque natural y a menudo han sido vistas por las Administraciones como un sello bonito para fomentar el turismo pero sin obligaciones reales de conservación. En España, hay en Red Natura 2000, sea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) más de 138.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, «lo que representa aproximadamente un 27,35 % del territorio español, y unos 84.000 kilómetros cuadrados de superficie marina».
SEO/Birdlife recurrió el decreto extremeño que regulaba esta red de espacios y llegó hasta el Supremo para reclamar, entre otras cosas, un control ambiental sobre todas las obras en Red Natura. El Supremo da la razón a los ecologistas. «La Sala entiende que del propio tenor literal de la directiva europea todos los planes o proyectos que, directa o indirectamente, puedan afectar a los objetivos de conservación de Red Natura 2000 deben someterse a informe de afección, a fin de determinar si pueden o no afectar, de forma apreciable, a los mismos, sin que sea posible establecer, a priori y con carácter general, la exclusión de la fase de cribado que supone el informe de afección a determinados tipos de proyectos o actividades, ni por su tamaño, ni por su reversibilidad, ni por su ubicación dentro de una determinada zona del territorio incluido en la Red».
Las comunidades han empezado a sustituir el control ambiental de proyectos por declaraciones responsables para acelerar la recuperación económica, pero la sentencia obliga a que tengan algún trámite ambiental, aunque no llegue a una declaración de impacto. Octavio Infante, responsable de la ONG que ha logrado el fallo, explica la importancia: «El espíritu de la Red 2000 no es que sea una isla donde no se hace nada sino de evaluarlo. Aunque no es un parque nacional o un parque natural que hay limitaciones puede haber un desarrollo local que se compatibilice».
Infante añade que las implicaciones van más allá de Extremadura. «Extremadura intentaba no hacer informes de no afección sobre Red Natura 2000. Pero la sentencia es muy clara y no podemos estar a expensas de lo que interprete cada comunidad. Castilla y León publicó en noviembre algo similar. Afirman que llevan miles de informes realizados y que saben que hay determinado tipo de proyectos que no hay que analizar».
El Tribunal resalta que no puede haber excepciones: «En aplicación del principio de cautela, que todos, absolutamente todos, los proyectos, planes y actividades que se vayan a instalar, o llevar a cabo, en territorio declarado Red Natura 2000 deben someterse a fase de cribado mediante informe de afección». La ONG ha estado representada por el catedrático de Derecha Administrativo y experto en temas ambientales, Carlos González Antón.
SEO/Birdlife denuncia el estado crítico de los acuíferos de Doñana
La organización ha analizado la información recogida para el Informe de estado de los acuíferos del entorno de Doñana. Año Hidrológico 2018-2019 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se presentará en la Comisión del Agua del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el día 17 de julio, en esta ocasión por vía telemática.
El informe, según ha indicado SEO en un comunicado, pone de manifiesto que “el estado global cuantitativo de la masa de agua subterránea sigue siendo muy preocupante”.
Según la organización conservacionista, de los dieciséis sectores del acuífero en los que el informe divide Doñana, tres sectores están declarados en estado de alarma, otro presenta su mínimo nivel histórico, otros tres se encuentran en estado de alerta y ocho más en prealerta, y tan solo uno se puede indicar como “fuera de riesgo” en la actualidad.
Se trata del sector Sur de La Rocina, donde la compra de la finca de los Mimbrales en 2015, y sus derechos de agua, ha reducido la presión sobre el sector, con una reducción del orden de 6 hm3, y ha demostrado cuales son las medidas futuras a desarrollar en Doñana para revertir la situación.
Fuente: El Confidencial, EFEVerde
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