El Ayuntamiento trabaja a marchas forzadas para aprobar una nueva ordenanza de movilidad sostenible.
La ordenanza municipal ha sido suspendida después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el último recurso presentado por Ecologistas en Acción.
Madrid Central, la zona de bajas emisiones que implementó Manuela Carmena como alcaldesa del Ayuntamiento de la capital, ha quedado sin efecto. La ordenanza municipal ha sido suspendida después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el último recurso presentado por Ecologistas en Acción.
La decisión del Supremo viene a confirmar la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que anulaba la zona de bajas emisiones por defectos formales.
En el auto del Supremo se inadmite el recurso de casación de Ecologistas en Acción Madrid y se establece la imposición de costas a la parte recurrente hasta la cifra máxima de mil euros.
El origen de la batalla data del pasado mes de julio cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba e Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.
El Ayuntamiento trabaja en una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible
La gran incógnita del periplo judicial de Madrid Central es su fecha de expiración. El Ayuntamiento de Madrid entiende que la zona de bajas emisiones sigue por el momento en vigor, y que las multas que ya hayan sido comunicadas al infractor no se devolverán.
El Consistorio sostiene que, una vez reciba el auto del Supremo, el TSJM puede darle un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia, y ese es el período que pretende aprovechar para aprobar su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que regulará las zonas de bajas emisiones de la ciudad, y evitar así un vacío legal.
Hasta entonces, las cámaras de Madrid Central seguirán encendidas y se seguirán tramitando las sanciones, por lo que serán efectivas todas las multas que sean comunicadas.
La idea del Consistorio es tener la nueva ordenanza lista para que pase por Junta de Gobierno a finales de julio y elevarla al pleno de ese mes para su aprobación, o en su defecto convocar a principios de agosto un pleno extraordinario a tal efecto.
Si el Ayuntamiento se viera obligado a parar el funcionamiento de Madrid Central sin haber aprobado aún la nueva ordenanza, las mismas fuentes apuntan que se estudiará la manera de limitar el acceso a la zona provisionalmente, aunque no sea de una manera «masiva», sino mediante el cierre al tráfico de calles puntuales.
Volviendo a la sentencia, el TSJM apreciaba en tres sentencias diferentes la omisión de trámites de elaboración y aprobación del marco legal que sustenta el desarrollo de Madrid Central y las resoluciones, en caso de adquirir firmeza, supondría el decaimiento de las multas impuestas durante su periodo de vigencia. El fallo podía ser recurrido en casación ante el Supremo, que es lo que hizo Ecologistas en Acción.
Lo hacían por la «omisión» del trámite de información pública, un requisito que se considera «esencial, preceptivo e indispensable» al tratarse de una de las «principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos», y que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, quedaban anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.
En relación al recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la Sala también estimaba parcialmente su reclamación y anula el artículo 23 del mismo acuerdo del Pleno, al entender que falta la «imprescindible» memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.
El coste de la puesta en funcionamiento de esta zona de bajas emisiones se calculaba en 11,7 millones de euros durante siete años
Ecologistas en Acción ha lamentado que el Tribunal Supremo haya inadmitido su recurso y critica una decisión que avala el «poco disimulado empeño» del gobierno de José Luis Martínez-Almeida de acabar con la zona de bajas emisiones».
«Cuando el propio Parlamento Europeo pide una regulación de calidad del aire que impida revertir medidas como Madrid Central, el Gobierno municipal sigue dando pasos en sentido contrario», ha lamentado el grupo ecologista.
El auto da por buenos los argumentos del contencioso que inició el grupo municipal Popular en 2018, donde defendía que los 11,7 millones que costaba esta zona de bajas emisiones podían poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento. Un extremo que no acepta al entender que «resulta obvio que su repercusión presupuestaria era ínfima ante un presupuesto municipal que supera los 5.000 millones anuales».
A lo que suman que «para el Supremo la vigencia o no de una zona de bajas emisiones, que ha ayudado a mejorar mucho la calidad del aire en la capital, aparentemente no tiene suficiente trascendencia». Tienen claro que el Gobierno municipal quiere «acabar con uno de los emblemas de la anterior Corporación, a pesar de ser una medida muy valorada por los madrileños y madrileñas y que demandan más barrios de la ciudad».
«Los intentos de desmantelamiento sólo habían sido frenados por los tribunales, algo que ahora ha cambiado con unas interpretaciones de la normativa bastante cuestionables. Y todo esto ocurre mientras luchamos contra una pandemia cuya virulencia se ve agravada por la contaminación y cuando la Comisión Europea ha reanudado el proceso sancionador por superación reiterada de los niveles máximos de dióxido de nitrógeno (NO2)», han destacado en Ecologistas.
Fuente: La Vanguardia
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