El Seprona localiza más de 1.400 pozos ilegales en solo cinco meses

El resultado del trabajo de rastreo realizado en España por los agentes del Seprona —el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil— en busca de captaciones ilegales de agua ayuda a comprender la magnitud del problema: en solo cinco meses se han localizado 1.410 pozos que extraen irregularmente agua de acuíferos subterráneos y 47 balsas desde donde se distribuía luego ese recurso, normalmente, a parcelas agrícolas. En total, se ha detenido e investigado a 107 personas y se han localizado captaciones en 42 provincias.

El Seprona ha realizado en todo el territorio nacional de forma sistematizada esta operación —se ha denominado Mizu— contra el robo de agua desde este tipo de pozos, un fenómeno del que se lleva alertando desde hace décadas. Históricamente han existido puntos negros de robo del agua muy conocidos y, normalmente, asociados a los impactos que esa sustracción causa en ecosistemas protegidos, como Doñana. “Tras las operaciones que hemos ido haciendo en los últimos años, tanto en el Parque Nacional de Doñana y sus inmediaciones, como en Murcia o las Tablas de Daimiel, hemos visto que este problema va a más”, señala el teniente coronel Jesús Gálvez, jefe de operaciones del Seprona. “Y hemos decidido que había que lanzar una campaña nacional”, añade Gálvez.

Tras el incremento de las captaciones que causan la sobreexplotación de los acuíferos está “la reciente aceleración del cambio climático junto con el exponencial cambio de cultivos que se viene produciendo sobre todo en determinadas zonas de la geografía española, acompañados de una subida generalizada de las temperaturas, especialmente en el Mediterráneo”, ha apuntado este domingo en una nota de prensa la Guardia Civil. El instituto armado recuerda que esas perforaciones suponen, además de una “actividad ilegal”, un “riesgo importante para personas y animales” cuando se abandonan las captaciones.

Aunque en el ámbito de la agricultura y de la protección del medio ambiente se conoce el problema desde hace décadas —“desde el inicio del Seprona en 1988 hay denuncias por pozos”, reconoce Gálvez—, hace justo un año el riesgo que supone este tipo de pozos descontrolados se hizo más patente. Fue con el caso del pequeño Julen, el menor que falleció tras caer en un pozo irregular ubicado en Totalán (Málaga).

Tras el accidente, las organizaciones ecologistas y responsables de Administraciones alertaron de la enorme cantidad de pozos ilegales que existen en España, más allá de los puntos negros clásicos de Doñana o Murcia. Teresa Gil, responsable del programa de agua en WWF, recuerda que hace más de tres lustros su organización apuntó a la existencia de más de 510.000 pozos, según datos ofrecidos por el Gobierno. Greenpeace, posteriormente, elevó esa cifra al millón de captaciones.

Cuando se registró el caso de Julen, el Ministerio para la Transición Ecológica argumentó que “no se dispone de un inventario de usos ilegales”, por lo que rechazó ofrecer cifras. Eso sí, difundió datos sobre los expedientes abiertos por las diferentes confederaciones hidrográficas contra las captaciones ilegales. De media, entre 2014 y 2018 se incoaron 1.242 expedientes de este tipo. La cuenca que encabeza los expedientes abiertos cada año es la del Guadalquivir.

“Visión global”

Sin embargo, en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil la provincia que más infracciones ha acumulado ha sido Valladolid (con 266), seguida de Málaga (175), Murcia (131) y Badajoz (122). La Guardia Civil ha valorado este domingo que esta operación ha permitido lograr “una visión global de la problemática a nivel nacional que permite unificar criterios para futuras actuaciones”.

Gálvez, que anuncia que durante este año se volverá a repetir esta operación, explica que el problema de los pozos ilegales es algo que no se da en otros países de la Unión Europea. “En España específicamente hay dos asuntos que policialmente son muy importantes: el tema del agua y el de los incendios forestales”, abunda. Y en ambos el cambio climático, según apuntan los informes científicos, puede acentuar aún más los impactos.

“El problema ha ido aumentando. No se ha parado en los últimos años y ha ido a más”, lamenta Teresa Gil. Y eso tiene consecuencias. Gil pone como ejemplo lo ocurrido en Lucena del Puerto (Huelva), el epicentro del robo impune del agua del acuífero del que vive en parte Doñana. Tras años de litigios, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha culminado el cierre de 77 pozos y varias balsas este verano. “El problema no se cortó cuando era emergente”, apunta Gil. Y cuando se ha ejecutado el cierre, en el que tuvo que colaborar también la Guardia Civil, ha habido una gran oposición de unos agricultores que habían incorporado a sus sistemas de producción un agua que obtenían gratis. “Además del daño a los ecosistemas, es un problema de competencia desleal para los agricultores que sí tienen captaciones legales”, añade Gil.

El problema en España ha adquirido tal dimensión que la Comisión Europea, tras varios avisos, denunció hace un año al Gobierno por la falta de acción contra el robo del agua en el entorno de Doñana. En el balance de su operación, el Seprona destaca el apoyo prestado para el cierre de los 77 pozos, una operación iniciada en su día por la Guardia Civil. Durante el pasado año, además, se detectaron otros 37 pozos ilegales en Almonte (Huelva) y se imputó a 16 personas.

Desaladoras y captaciones en Murcia

El pasado año el Seprona también remató una gran operación que llevaba desarrollando desde 2017 en la región de Murcia. Los agentes lograron localizar y precintar 38 plantas desalobradoras ilegales y 35 pozos irregulares. Muchas de las desalobradoras se encontraban en el interior de zulos camuflados en el subsuelo para evitar que fueran detectadas. Otras, incluso estaban instaladas sobre remolques de vehículos, como ha señalado la Guardia Civil a través de un comunicado de prensa este domingo.

El Juzgado de Instrucción 2 de Murcia está investigando este caso, en el que hay alrededor de 60 agricultores imputados. Además de extraer agua de forma ilícita de las masas subterráneas, en esta causa también se investigan los vertidos contaminados que los desperdicios procedentes del proceso de desalación del agua de mar, que podría estar afectando a espacios protegidos y al castigado Mar Menor, que el pasado año vivió un enorme episodio de mortandad de peces.

Fuente: El País