El Senado ha aprobado esta noche, con los votos en solitario del PP, la ley de Evaluación Ambiental y la ha remitido al Congreso para su aprobación definitiva tras un debate en el que toda la oposición ha criticado la «loca carrera legislativa» de una norma que «devalúa» y «mercantiliza» el medio ambiente.

El PP ha rechazado los seis vetos presentados por IU, ERC, PSOE, CIU, PSC y Iniciativa Per Catalunya Verds a este texto que incluye la fracturación hidráulica (fracking) y la peligrosidad sísmica en el control ambiental, y tipifica infracciones como el suministro de combustible de barco a barco en alta mar (bunkering).

Los «populares» también ha votado en contra de las 453 enmiendas presentadas, a excepción de dos de CIU que recogen cuestiones técnicas. Una de ellas autoriza a la Administración central y también a las comunidades autónomas a eximir de evaluación de impacto ambiental a determinados proyectos en aras de la seguridad general, como por ejemplo los centros penitenciarios, o cuando se trate de cuestiones de obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas a consecuencia de acontecimientos catastróficas o bien por obras de emergencia. La segunda detalla que, además del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las administraciones autonómicas podrán crear los bancos de conservación de la naturaleza así como otorgar títulos ambientales o créditos de conservación.

La inclusión en esta norma, que se tramita por el procedimiento de urgencia, del memorando del trasvase Tajo-Segura ha sido calificado de «escandaloso» por los grupos de izquierda durante el debate, de más de tres horas y que ha finalizado pasadas las 23.00 tras la votación.

La nueva ley agilizará los trámites del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Imagen: http://pescarmona.blogspot.com.es/

Este memorando, firmado recientemente por el Gobierno con las cinco CCAA que dependen del Tajo, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera de este río.
La «intromisión» en las competencias ha sido también objeto de un reproche mayoritario, así como la falta de acuerdos en esta y otras leyes, lo que ha llevado al senador Frances Boya (PSC) a afirmar que España «no puede convertirse en una sucursal del PP» .

Por su parte el senador del PSOE, Miguel Fidalgo, ha manifestado el «hartazgo» por la forma de tramitar las leyes y lo ha calificado de «práctica inadmisible», mientras que Enrique Iglesias (IU) ha considerado que la política ambiental del PP persigue eliminar cualquier barrera «allá donde se presente una oportunidad de negocio de la iniciativa privada».

El Grupo Popular ha negado que la norma suponga una involución del control ambiental sino todo lo contrario y su senador Vicente Aparici ha defendido la urgencia por la necesidad de sacar adelante 1.100 expedientes que estaban sin resolver y que afectan a 80.000 empleos.

La norma que se devuelve ahora al Congreso, donde está previsto se apruebe el 28 de noviembre, regulará el análisis de viabilidad de los proyectos (ganaderos, energéticos, de construcción…) de acuerdo a sus impactos ambientales, y reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media en la actualidad

Fuente: EFE y Europa press