La Fundación Renovables, junto a numerosas organizaciones ecologistas, sociales, empresariales y de consumidores, denuncia que el proyecto de Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros supone un parón injustificable al derecho (refrendado por la Comisión Europea) al autoconsumo. Destacan serias trabas administrativas, una fuerte inseguridad sobre el marco de retribución y la implantación de un “impuesto al sol” para aquellos consumidores conectados a la red que quieran generar su propia energía eléctrica con energías renovables.

Los diferentes colectivos a favor del derecho a autoabastecerse con energías renovables (autoconsumo), destacan además que, a pesar de la clara manipulación por parte del ministro de Industria, Jose Manuel Soria, de presentar el proyecto como una mejora para el autoconsumo, supone en realidad un claro impedimento a su necesario desarrollo.

El Real Decreto aprobado el viernes recoge varias modificaciones respecto a la versión original gracias a la presión de la sociedad civil, aunque resultan claramente insuficientes dado que son puramente cosméticas y no eliminan las barreras a su desarrollo. La propuesta original de regulación recibió casi 40.000 alegaciones ciudadanas pidiendo su retirada y la unanimidad de la oposición política en el compromiso de derogarlo, así como la oposición de las principales asociaciones empresariales del sector y de numerosas organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y de consumidores.

El Real Decreto aprobado  recoge varias modificaciones respecto a la versión original gracias a la presión de la sociedad civil, aunque resultan claramente insuficientes dado que son puramente cosméticas y no eliminan las barreras a su desarrollo

Algunos de los cambios más destacables recogidos en el nuevo Real Decreto son que permite a los consumidores con PVPC (tarifa eléctrica regulada) y bono social realizar autoconsumo. También se ha incluido la posibilidad del uso de baterías para almacenamiento de la energía autoproducida, aunque contrariamente a lo sugerido por las instituciones internacionales (Comisión Europea, IRENA, IEA…) no se facilita su incorporación sino que se grava su utilización.

Manteniendo el espíritu del Gobierno para impedir de facto el autoconsumo, el nuevo texto añade, al “impuesto al sol” por la energía autogenerada y consumida por el propio consumidor sin que ésta salga a la red, un nuevo impuesto para todos los propietarios en función de la potencia instalada. Si bien exime de los cargos de energía autoconsumida a las instalaciones cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10kW, esta es una medida transitoria hasta que sean aprobados los importes definitivos. Además de poco efectivo, este transitorio impide en la realidad conocer el marco retributivo más allá de cuatro años para unas inversiones que requieren de mucha mayor estabilidad, dado que se amortizan en el medio y largo plazo.

Por otro lado, el Real Decreto explícitamente elimina la posibilidad del autoconsumo compartido entre varios usuarios (comunidades de vecinos, polígonos industriales…) contrariamente a las tendencias internacionales así como a toda lógica.

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En definitiva, subyace a la propuesta del Gobierno una clara intencionalidad en cuanto a desincentivar el autoconsumo y una perversa manipulación de las propias razones objetivas para la regulación del mismo. Mientras, por un lado, se dice que el objetivo del Gobierno es promover el autoconsumo, por el otro, se pone como condición que el autoconsumo no afecte a la eficiencia económica del sistema actual; es decir, que no afecte a los intereses existentes del sector eléctrico, so pena de penalizaciones claramente desproporcionadas y disuasorias.

El Gobierno reconoce los costes del sistema eléctrico como algo natural e imperturbable, defendiendo un sistema que impide el derecho ciudadano en favor de los intereses ventajistas y especuladores de unos pocos e imponiendo la doctrina por la que cualquier cambio, como la difusión del autoconsumo, será un coste para el sistema. Todo lo contrario de lo que la misma Comisión Europea (de mayoría conservadora) ve en el autoconsumo al que defiende como una clara ventaja económica, de estabilidad, fiabilidad y eficiencia del sistema energético europeo.

Esto hace que la normativa aprobada imponga que el autoconsumidor sobrepague al sistema y no se le reconozca su aportación positiva al mismo.

El autoconsumo cuenta con numerosas ventajas respecto al consumo tradicional de la red, entre ellas:

  • Introduce a los consumidores como actores de pleno derecho en el sistema eléctrico.
  • Supone un ahorro económico para los consumidores y mejora la competitividad de las empresas.
  • Introduce una autentica competencia en el mercado eléctrico.
  • Produce energía a partir del sol, una fuente gratuita, inagotable, limpia y respetuosa con el medioambiente.
  • Genera un sistema distribuido de generación eléctrica que reduce tanto la necesidad de invertir en nuevas redes como las pérdidas de energía por el transporte de la electricidad a través de la red.
  • Reduce la dependencia energética del país con el exterior.
  • Evita problemas para abastecer toda la demanda en hora punta, como los cortes de electricidad y las subidas de tensión.
  • Reduce el precio del mercado mayorista en las horas centrales del día.
  • Minimiza el impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno.
  • Favorece el desarrollo tecnológico y la modernización.
  • Genera actividad económica y empleo capilar.
  • Hace posible la creación de edificios de consumo casi nulo (tal y como demanda la Directiva Europea).

No sólo el Gobierno no reconoce los beneficios del autoconsumo, sino que penaliza su uso, en contra de lo establecido en al menos tres Directivas Europeas (energías renovables, eficiencia energética y de eficiencia energética en los edificios) así como en la comunicación “New Deal for Consumers” que sitúa al consumidor en el centro de la Unión Energética y al autoconsumo como la herramienta clave para ello.

Queda por aclarar si es casualidad que la aprobación de la normativa sobre autoconsumo por parte del Gobierno coincida en el tiempo con la incorporación de éste a la oferta de algunas compañías eléctricas tradicionales.

Finalmente, cabe destacar que 18 partidos de la oposición se comprometieron a derogar esta norma en caso de que alcanzaran el Gobierno en las próximas elecciones, por lo que las organizaciones a favor del autoconsumo confían en que mantengan su palabra.

Fuente: http://www.fundacionrenovables.org/