La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, tiene en sus manos la decisión más crucial para el futuro de la cuenca del Ebro: lanzar, o no, el Plan Hidrológico (PHE), en el que los técnicos de la Confederación Hidrográfica (CHE) han estado trabajando durante los últimos siete años y que se asienta sobre el mayor proceso de participación pública desarrollado desde la Administración española.
La Comisión Europea ha advertido en algunas ocasiones al Gobierno central de que el retraso que la tramitación de los planes de cuenca lleva en las confederaciones va a acabar costándole dinero en forma de sanciones por incumplir la Directiva Marco del Agua. Sin embargo, con el Ebro ocurre algo distinto: los técnicos de la Oficina de Planificación han terminado su trabajo y los responsables políticos de la CHE han hecho también el suyo remitiendo a Madrid el texto del PHE. En este caso, es el ministerio quien mantiene paralizada la salida a información pública del documento.
La puesta en marcha de ese proceso, decisión que está en manos de Aguilar y de su secretario de Estado de Aguas –Josep Puxeu–, abriría un periodo de seis meses en los que cualquier ciudadano, institución o entidad de cualquier tipo podría presentar alegaciones al texto y efectuar sugerencias para modificarlo. Una vez resueltas esas impugnaciones, al PHE solo le faltaría superar el filtro del Consejo del Agua de la cuenca para que el Gobierno central pudiera aprobarlo con rango de decreto-ley. A partir de ese momento, los responsables de la política hidráulica dispondrán de la pieza angular para preparar el próximo Plan Hidrológico Nacional.
La clave de la paralización del PHE está en la determinación del caudal ecológico de Bajo Ebro, vinculado a su vez a las aportaciones del Segre y cuyo cumplimiento condicionará los usos del agua en toda la cuenca. Estos dos tramos son los únicos de los que no ha trascendido qué chorro considera el Gobierno conveniente para garantizar su equilibrio ambiental y recuperar sus zonas deterioradas. Medio Ambiente custodia el secreto.
Río Ebro a su paso por Zaragoza. Foto: flickr darellano
La inclusión de una cifra u otra en esas casillas constituye una decisión política –y también ecológica y económica– que recae en Aguilar y Puxeu, cuya intención era llegar a un acuerdo consensuado como guinda del proceso de concertación pública que ha regido la redacción del PHE.
El último documento que dio pistas sobre el caudal ecológico del delta fue el borrador del PHE que este diario adelantó en junio. En él, los técnicos se inclinaban por situarlo entre el 23% y el 30% de la aportación media anual, lo que supondría entre 3.363 y 4.386 hectómetos cúbicos anuales –entre dos y tres embalses de Mequinenza– frente a los 3.150 actuales, consecuencia del caudal de dilución de 100 metros cúbicos por segundo del plan vigente.
Otras estimaciones sitúan la horquilla entre los 1.932 hectómetros de un año de sequía extrema a los 7.205 –prácticamente el mismo volumen que consume la agricultura de la cuenca– de un ejercicio en el que haya habido grandes crecidas.
Sí ha trascendido que el PHE no asignará a ningún tramo de río un caudal ambiental constante. El plan vigente, aprobado en 1996, establece que el volumen de agua que circula por un río no debe bajar del 10% de la aportación media anual. Pero esa cifra no constituye un caudal ambiental propiamente dicho sino uno de dilución cuya finalidad es garantizar que ese cauce puede absorber los vertidos autorizados en él. Los técnicos de la CHE han trabajado en el nuevo plan, de cariz más ambientalista frente al productivismo del anterior, con un modelo fluctuante por meses que guarda similitudes con el régimen natural de los ríos.
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