El Gobierno destinará parte de los mil millones para la Dirección General del Agua que prevé obtener del Fondo de Recuperación a acometer las obras prioritarias en saneamiento que acaben con las multas millonarias que España paga por su déficit infraestructural e incumplir la Directiva de aguas europea.
En estos momentos, hay más de 500 núcleos urbanos que no están conformes con la Directiva comunitaria.
La Comisión Europea ha urgido a España en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos cinco años a corregir las deficiencias en la depuración de aguas residuales urbanas de 133 núcleos de población que incumplen de “manera generalizada masiva” la Directiva Marco de Agua, y hasta 500 núcleos urbanos españoles que también acumulan años de carencias e incumplimientos de la DMA.
Unas deficiencias que alcanzan al 15% si hablamos de saneamiento secundario, es decir, que hay unos 6 millones de españoles sin depuración, y del 65% si nos vamos a terciario, derivadas de la falta de inversiones en infraestructuras del agua. Por ello el sector del agua reclama una apuesta de Estado para ponerse al día con la normativa comunitaria, aprovechando además la oportunidad que plantean ahora los Fondos Europeos de Reconstrucción Verde.
Y es que tras reiterados avisos y advertencias, Bruselas impuso a España hace ya dos años una multa histórica por la falta de avances y voluntad en la resolución de las deficiencias estructurales del país en la cobertura universal de este derecho al saneamiento. Esta multa, que en un principio ascendía a 46 millones de euros por haber infringido la Directiva 91/271 referente al tratamiento de aguas residuales, se vio incluso incrementada después de que Europa sancionase a España con 12 millones de euros extra (una cantidad fija) más una multa de 10,6 millones cada seis meses, por la gravedad de la situación, habiéndose pagado hasta la fecha tres tramos de estos 10,6 millones.
Acabar con estas sanciones y acortar el retraso de 20 años que España acumula en materia de saneamiento será la prioridad del Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), que lleva en preparación desde 2018.
Así lo anunció el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que destaca que el Gobierno acometerá de forma prioritaria las actuaciones en materia de saneamiento y depuración para zanjar los procedimientos de infracción y multas de la Unión Europea a España por incumplir la Directiva de Agua, a través de 1.000 millones de euros del Fondo de Recuperación.
No es que los mil millones se vayan a invertir en el Plan Desear, sino que de esa cantidad que recibirá la Dirección General del Agua “una parte importante irá al ámbito del saneamiento y la depuración”, actuaciones que dependen de la Administración General del Estado, es decir, para las obras consideradas de interés general.
En ese sentido, Morán ha explicado que se ha decidido incorporar todo el catálogo de proyectos de saneamiento y depuración que tienen abiertos procesos de infracción de la UE puesto que será “lo primero” que se ejecutará dentro de los contenidos del citado plan, porque es necesario “resolverlo con urgencia”.
El plan de la planificación de los Planes Hidrológios de tercer ciclo
El plan está actualmente abierto a exposición pública (hasta el 31 de diciembre) para que la población y partes interesadas puedan presentar sus comentarios y alegaciones de cara a su posterior aprobación definitiva, que según Morán y el Subdirector General del Agua, Victor Arqued, estiman que podría producirse en los primeros meses de 2021.
En ese sentido, el Secretario de Estado se decidió a integrar un conjunto de actuaciones y planes enmarcados en un sistema de gobernanza, de cara a que la herramienta, en el futuro, pueda integrar el saneamiento, la depuración, la eficiencia, el ahorro y la reutilización “como parte del modelo de gestión del agua” que el Gobierno quiere “implantar”.
De este modo, una vez que el documento sea “sólido” se incorporará a la estructura del tercer ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2021-2027, que deberá estar concluida a finales del próximo año para su entrada en vigor “a inicios” de 2022.
Déficit de inversiones
Durante la presentación pública del Plan Dsear, el Director General del Agua, Teodoro Estrela, ha destacado que se trata de un instrumento de gobernanza que da soporte a la planificación hidrológica; recoge las medidas para resolver los problemas actuales; detecta y diagnostica los problemas al tiempo que recoge los criterios y propuestas de actuación para incorporarlas a la planificación hidrológica, “sobre todo en las actuaciones de la Administración Central del Estado”.
En ese contexto ha detallado que España está por debajo de la media europea en inversión per cápita en saneamiento y depuración, y en estos momentos, hay más de 500 núcleos urbanos que no están conformes con la Directiva comunitaria.
Asimismo, ha destacado que la reutilización del recurso es “esencial” para España, que tiene “problemas” para atender las demandas, “dificultades” para cumplir con los caudales ecológicos y acuíferos sobrexplotados. “Desde el Plan Nacional de Reutilización en 2010 no ha habido un avance sobre esta materia”, ha lamentado.
El plan establece los criterios y los principios orientadores de la planificación hidrológica, que están basados en el Pacto Verde Europeo y la Transición Ecológica, y en la adaptación al cambio climático. En definitiva, ha señalado que una vez el plan sea aprobado a principios de 2021, sus resultados se incorporarán a los planes hidrológicos.
Por último, ha señalado que una vez termine la consulta pública, se modificará el estudio ambiental estratégico y se elaborará la propuesta final del Plan DSEAR con las aportaciones recibidas.
Una vez que todo esté aprobado “a finales de febrero o marzo” su contenido se incorporará a los organismos de cuenca y a la planificación hidrológica para el periodo 2021-2027, que deberá aprobarse antes de final de 2021. “Podríamos retrasarnos algo, pero no deberíamos retrasarnos mucho”, ha advertido.
Es decir, que aunque se trata de un Plan, más allá de las acciones de Interés General del Estado sometidas a sanción por parte de la Unión Europea, no concreta actuaciones y delega las mismas en los Planes Hidrológicos de tercer ciclo para el siguiente sexenio, y ya estamos advertidos de que habrá demoras al menos hasta 2022.
Fuente: El Ágora Diario
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