El Gobierno está planeando nuevos impuestos de fiscalidad verde, según han explicado fuentes de las organizaciones ecologistas presentes en una reunión con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El encuentro, que normalmente dirige el ministro Miguel Arias Cañete, que no ha asistido por incompatibilidad de agenda, se ha celebrado este martes entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y los responsables de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/Birdlife.

En la cita, según ha explicado el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, el secretario de Estado les ha explicado las líneas generales de esta iniciativa y que están buscando cómo convertir estos impuestos en efectos positivos para el medio ambiente. En este sentido, Rodríguez ha indicado que, en principio, a las ONG ambientales les parece bien la propuesta siempre y cuando estos impuestos no se dirijan simplemente a reducir el déficit sino que lo que se recaude se emplee en proyectos medioambientales.

Por ello, van a remitir al Ministerio una propuesta de las ONG sobre fiscalidad verde que incluiría, entre otros, impuestos en la automoción. En todo caso, ha manifestado su preocupación porque aquí, la voz cantante la lleva Hacienda y porque no consideran congruente proponer impuestos verdes y, al mismo tiempo, frenar las energías renovables. «Nos parecería bien si se internalizan los costes ambientales y si conlleva beneficios ambientales, pero tenemos escepticismo», ha comentado.

Por otro lado, ha añadido que otros de los temas de la reunión han sido la ley de Montes, y la ley de Parques Nacionales, y han exigido la retirada de una enmienda introducida en el Senado que podría abrir la puerta a la caza en el futuro Parque Nacional de Guadarrama, a través de una «puerta giratoria» que sería el permitir los usos tradicionales de la zona. A este respecto, el representante de Greenpeace ha indicado que el secretario de Estado les ha asegurado que en la futura Ley de Parques Nacionales la caza seguirá estando prohibida pero que las ONG mantienen también, en este tema, un cierto escepticismo.

Sobre la Ley de Evaluación Ambiental han mostrado su temor de que «tanta simplificación normativa» vaya en perjuicio del medio ambiente y han precisado su preocupación respecto a varios artículos concretos de la ley. A su juicio, si las evaluaciones se demoran tanto tiempo es porque faltan medios para acelerarlos. «No se pueden cambiar las leyes cada vez que entra un gobierno», ha apuntado.

En el encuentro también han repasado proyectos como el del gasoducto de Doñana, el dragado del Guadalquivir o la postura de España en materia de cambio climático y los cambios en la Ley de Enjuiciamiento criminal que prohibiría a las ONG ambientales denunciar casos como Marina de Cope o El Algarrobico. Respecto a prospecciones petrolíferas ha indicado que el Ministerio les ha confirmado que van a comenzar los estudios de impacto ambiental sin esperar a que se apruebe próximamente una directiva europea que ampliará el ámbito de estudio de impacto hasta un radio de entre 300 y 400 kilómetros a la redonda.

Por otro lado, han hablado sobre fracking, algo sobre lo que los ecologistas también están muy preocupados y le han manifestado al secretario de Estado que debería analizarse el impacto de estos proyectos en los acuíferos en la fase de prospección técnica porque una prospección puede ser «tan impactante como una explotación».

Finalmente, el representante de Greenpeace ha indicado que los cinco grupos ecologistas han pedido una reunión «cuanto antes» con el ministro titular de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien es la segunda vez que, por motivos de agenda, no acude a la reunión de interlocución con estas ONG. «Entendemos que son problemas de agenda, pero en vez de no asistir, se puede aplazar la reunión», ha concluido Rodríguez que ha dicho que los ecologistas no están conformes con esta situación pese a que el secretario de Estado es un interlocutor válido.

Fuente: ABC