El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, lo que dará el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de una norma que incluye impuestos al plástico y a los vertederos.
El texto buscar incorporar el principio de que ‘quien contamina paga’ a la legislación española
La normativa sobre residuos y economía circular más importante de las últimas décadas en España inicia este martes su andadura legislativa. El Consejo de Ministros estudiará y previsiblemente aprobará el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para su posterior remisión al Congreso de los Diputados, donde iniciará su tramitación parlamentaria, según ha asegurado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo de esta nueva regulación no es otro que el de reducir la generación de residuos y promover su reciclaje para situar a España en línea con la Estrategia de economía circular de la UE, algo que el Gobierno espera lograr mediante tasas e impuestos específicos a los productos y prácticas más contaminantes.
En concreto, el texto buscar incorporar el principio de que ‘quien contamina paga’ a la legislación española. Para ello, incorpora nuevas figuras de fiscalidad verde como el establecimiento de una tasa de 0,45 euros por kilogramo de envases plásticos no reutilizables y armoniza otro, que ya existe en algunas comunidades autónomas, al depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración, que oscilará, según el tipo de residuo, entre 1,5 euros a 40 euros por tonelada métrica.
Además de estos dos nuevos impuestos verdes, uno directo y otro indirecto, la ley prevé también el establecimiento de objetivos de reducción de residuos y otras medidas que incentiven la economía circular y la lucha contra la obsolescencia programada. Y es que, tal y como explicita la estrategia europea, las administraciones tendrán la obligación fomentar la reutilización de cada recurso el mayor número de veces posible, para acabar de una vez por todas con el concepto de usar y tirar.
En este sentido, la iniciativa apuesta por incrementar las recogidas separadas de distintos tipos de residuos pero, sobre todo, hace recaer en las administraciones locales la obligación expresa de fomentar la separación y el reciclaje. Es decir que, por primera vez, los Ayuntamientos deberán disponer de una tasa o bien de prestación patrimonial diferenciada y específica para los servicios que están obligados a prestar en cuanto a los residuos municipales. Estas tasas, algunas de las cuales serán sufragadas directamente por los usuarios, deberán encaminarse hacia el llamado “pago por generación”.
Respecto al impuesto especial sobre los envases de plástico, que se recoge en el artículo 68, quedarán incluidos todos los envases no reutilizables que contengan plástico diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías excepto si estos son necesarios para preservar o contener un artículo “durante toda su vida útil”.
Por ejemplo, no son reutilizables los productos semielaborados como preformas o láminas de termoplástico; los productos para el cierre, la comercialización o la presentación de envases; los que están compuestos de más de un material, y uno de ellos sea plástico, en cuyo caso se gravará por la cantidad de plástico que contengan. De hecho, para este impuesto se considerará envase todo lo destinado a contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, como los vasos de plástico o los rollos de plástico para embalar.
Reducir vertederos e incineración
La segunda de las medidas fiscales es un impuesto al deposito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. El Gobierno considera en su borrador de ley que se trata de un “mecanismo clave” para avanzar en economía circular y en los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado.
Por el contrario, entiende que es un “desincentivo” para las opciones menos favorables conforme al principio de jerarquía de residuos y confía en que esta medida favorecerá el desvío de los residuos hacia opciones más favorables, como el reciclado. El anteproyecto de ley admite que esta figura impositiva “ya está vigente” en varias comunidades autónomas, pero observa que la “falta de armonización” en los elementos configuradores de los diversos impuestos autonómicos junto con el hecho de que algunas comunidades autónomas hayan hecho uso de este impuesto “y otras no”, debilita la “efectividad” de este instrumento “de cara al cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea”, al tiempo que implica “un incremento de los costes indirectos para los contribuyentes”.
Por ello, aclara que el impuesto sobre el depósito en vertederos, la incineración y la coincinieración es de carácter indirecto y recae sobre los residuos que se tratan a través de la gestión de residuos. El impuesto descansará en las comunidades autónomas que “también podrán asumir las competencias de gestión de esta figura”. No obstante, figuran algunas exenciones, como que sean las autoridades públicas las que ordenen esta entrega en vertedero en situaciones de fuerza mayor; la extrema necesidad o catástrofe; cuando se trate de decomisos de bienes a destruir; cuando la entrega sea de residuos para los que exista la obligación legal de eliminación, entre otras excepciones.
Por otro lado, la propuesta contempla una batería de “ejemplos de instrumentos económicos” y otras medidas para reducir estos residuos tales como tasas y restricciones que se pueden aplicar en operaciones de depósito en vertedero o incineración con el fin de que esa sea la opción “menos deseable” en el tratamiento de los residuos.
Asimismo, plantea fomentar la contratación pública sostenible que incentive la mejor gestión de los residuos, el uso de productos y materiales reutilizados, reparados y reciclados, así como la reparación de los productos. Otra propuesta incide en el apoyo a la investigación y la innovación en el diseño y desarrollo de productos para que tengan en cuenta todo el ciclo de vida de forma que sean reciclables, reparables, reutilizables y actualizables, y de tecnologías y procesos que minimicen la producción de residuos; así como en tecnologías de reciclado avanzadas y refabricación.
Por último, prevé incentivos económicos para que las administraciones públicas “intensifiquen” los sistemas de recogida separada así como las campañas de concienciación pública, en particular sobre la recogida separada y la reducción de la basura dispersa.
Fuente: Ágora diario
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