El Consejo de Ministros estudiará, previsiblemente, este viernes un informe sobre el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que aspira a potenciar la prevención de los riesgos ambientales y a valorar los posibles daños y amenazas de un operador al medio ambiente. El texto que se analizará este viernes el equipo de Gobierno fue sometido a información pública entre enero y febrero de 2013.

De acuerdo con el texto del anteproyecto, a raíz de la experiencia adquirida durante la aplicación de la Ley de 2007 se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los aspectos preventivos y se ha considerado oportuno impulsar el uso de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión del riesgo medioambiental.

Además, añade que la realización de análisis de riesgos para el medio ambiente no se limita a ser un instrumento para la determinación de la cuantía de la garantía financiera, sino que constituye asimismo una herramienta para valorar los posibles daños y amenazas de daños que un operador pueda causar en el medio ambiente a consecuencia del ejercicio de su actividad y, consecuentemente poder tomar medidas de minimización y de gestión del riesgo medioambiental de su actividad.

El proyecto contempla mecanismos voluntarios, la utilización de nuevos mecanismos y aplicaciones informáticas para analizar los riesgos ambientales y diferencia entre los distintos operadores, ya que abarca desde refinerías de petróleo y centrales nucleares a un taller de reparación de vehículos.

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Asimismo, el Gobierno considera que la experiencia de estos primeros años de vigencia del nuevo régimen de responsabilidad medioambiental evidencia que es necesario «simplificar ciertos aspectos de su aplicación», tanto para los operadores económicos como para las administraciones públicas, sin que ello suponga una disminución del objeto de la ley, que es regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que «quien contamina paga».

El texto establece que las garantías financieras tienen como objetivo asegurar que el operador dispondrá de recursos económicos suficientes par afrontar los costes derivados de adoptar medidas de prevención, evitación y reparación de daños ambientales. También modifica el artículo 24.1 para precisar el carácter voluntario de la garantía financiera para aquellos operadores que no quedan obligados por estar exentos.

Fuente: Europapress