El Gobierno decidirá la vida útil de las nucleares según vayan las renovables

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido zanjar cualquier polémica sobre el futuro del parque nuclear y acabar con la incertidumbre existente en las empresas. Ante la evidencia de que será necesario ampliar la vida útil de las centrales nucleares mientras no se cubra la demanda con energías renovables, el departamento que dirige Teresa Ribera determinará el plazo de ampliación para llevar a cabo un cierre ordenado tras escuchar a las eléctricas propietarias de las centrales.

Es responsabilidad del Ejecutivo decidir la política energética del país y la normativa establece un aumento decenal de la vida útil de las centrales nucleares con carácter general cuando así lo estipule y lo apruebe la Junta de Energía Nuclear. Para hacer la ampliación, según fuentes empresariales consultadas, se podría modificar el artículo 20 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. No obstante, admite que la Administración pueda dar otro plazo por menos o más tiempo si se considera necesario. Así lo entienden en el Ministerio para la Transición Ecológica, que determinará el plazo de acuerdo con los intereses de la transición.

En ese sentido, el Plan Nacional de Energía y Clima que está elaborando el ministerio pondrá fecha de cierre al carbón y condenará a la energía nuclear. Pero, mientras parece claro que cerrará las plantas de carbón antes de 2030, las nucleares tendrán una “senda de cierre” ordenada que irá en consonancia con la penetración de las renovables. “Las nucleares tienen una fecha de diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España. Hay que hacerlo de la mano del Consejo de Seguridad Nuclear y de acuerdo con las compañías”, ha reconocido José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía.

Es decir, considera que la participación de las nucleares es necesaria en la transición energética, lo que supondrá seguir con su funcionamiento bajo un marco retributivo estable que garantice una rentabilidad razonable. Asimismo, reconoce que escuchará las pretensiones de las eléctricas, lo que no quiere decir que las asuma. No obstante, habrá que formalizar una negociación para que “el cierre ordenado sea compatible con las necesidades”.

El objetivo es que en 2050 el 100% de la generación de energía tenga origen verde y que en 2030 ronde el 70%. Por tanto, requiere intensificar la instalación de parques y plantas renovables (eólicos, fotovoltaicos, biomasa…). El escalonamiento que su implantación exige hasta llegar a 2050, deja hueco a las otras fuentes de energía y, principalmente, a la nuclear y la de gas natural (ciclo combinado), que harán de respaldo, sobre todo cuando se producen puntas de demanda. Hoy esas fuentes de energía suponen en torno al 20% y entre el 5% y 10% de cuota, respectivamente.

Las empresas, a la greña

En la actualidad, existen siete grupos nucleares operativos en España (Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Cofrentes, Trillo y Valdellòs 2, ordenadas por su puesta en funcionamiento), cuyo vencimiento se fecha sucesivamente entre 2021 y 2028. La propiedad, excepto los casos de Ascó 1 y Cofrentes, se reparte entre ellas en Agrupaciones de Interés Económico (véase cuadro). Pero se da la circunstancia de que estas compañías están mal avenidas y plantean horizontes temporales distintos con respecto a su involucración en la gestión de las plantas. En concreto, mientras Iberdrola y Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) han pedido renovar la licencia por cuatro años, Endesa quiere hacerlo por 10 años y alcanzar los 50. La primera prueba de fuego la tendrán en Almaraz 1, donde deben pedir si la quieren renovar en 2019.

Además, la antigua empresa pública, hoy controlada por la estatal italiana Enel, ha llegado a plantear incluso hacer intercambio de activos y así dejar de compartir la propiedad y, consecuentemente, acabar con la polémica. Mientras, Iberdrola se ha mostrado reiterativamente partidaria de cerrar apelando a la falta de rentabilidad. Asimismo, se ha opuesto a asumir el desmantelamiento, atribuyéndoselo al Estado, recordando, al tiempo, el alto coste que supone cerrar una nuclear.

Fuente: El País