El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, destacó ayer que la nueva ley de costas que proyecta el Gobierno «intensifica la protección medioambiental» ya que no hay «ninguna reducción de la superficie protegida». Tras la aprobación en el Senado de las enmiendas al proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, Ramos criticó al PSOE por responsabilizarle de presentar enmiendas que «permitirán nuevas construcciones» en zonas de servidumbre de protección de 100 a 20 metros.
Según Ramos, la nueva ley, que tendrá que ser ratificada en el Congreso, «garantiza e intensifica la protección medioambiental del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas». «Este proyecto de ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, por lo que se prohíben nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas) como en su zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado», destacó.
Según Ramos, la reforma del Gobierno se basa en un régimen «más exigente, incluso, que el previsto en la ley hasta ahora vigente». «La nueva ley garantizará que no se produzcan nuevas edificaciones en la costa española», destacó. En este punto se refirió a la llamada cláusula antialgarrobicos, que permite atajar posibles incumplimientos frenando la construcción ilegal antes de que se produzca.
Ramos defendió una «modificación equilibrada» de la anterior norma ya que, dijo, mantiene la vigencia de la mayor parte del texto anterior. «Junto a la irrenunciable protección medioambiental de la costa, protege los derechos y la seguridad jurídica de las personas y resuelve una serie de problemas históricos del litoral español aportando soluciones que satisfacen el interés general», remarcó.
Sobre la importancia de reforzar la seguridad jurídica, el secretario de Estado explicó que la nueva ley de costas protegerá «a los miles de ciudadanos que adquirieron legítimamente una vivienda y se vieron después desposeídos». «Nadie podrá comprar una vivienda y descubrir después que no le pertenece porque está en dominio público», señaló. La nueva legislación prorroga hasta un máximo de 75 años las concesiones de antiguos propietarios de bienes en la costa que la actual ley expropió. «Lo contrario significaría acometer miles de demoliciones de viviendas y otros inmuebles a partir del año 2018», explicó Ramos.
El secretario de Estado puso en valor que «por primera vez» se introducen las políticas de lucha contra el cambio climático en una ley de costas española, teniendo en cuenta la adaptación y la mitigación del mismo en nuestro litoral. Así, la nueva ley prevé que, en el plazo de dos años, se disponga de un estudio completo de los efectos del cambio climático en toda la costa española, «algo que jamás se ha hecho».
Por último, explicó que se persigue fomentar una actividad económica sostenible, para lo que se amplían los plazos máximos de las ocupaciones, y mejorar la protección ambiental de la costa diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas. «Se trata de preservar las playas que se mantienen vírgenes o poco alteradas por el hombre, limitando en ellas las ocupaciones y actividades que pueden realizarse y elevando el grado de protección actual», concluyó Ramos.
Según Ramos, la nueva ley, que tendrá que ser ratificada en el Congreso, «garantiza e intensifica la protección medioambiental del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas». «Este proyecto de ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, por lo que se prohíben nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas) como en su zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado», destacó.
El Secretario afirmó que, la reforma del Gobierno se basa en un régimen «más exigente, incluso, que el previsto en la ley hasta ahora vigente». «La nueva ley garantizará que no se produzcan nuevas edificaciones en la costa española», destacó. En este punto se refirió a la llamada cláusula antialgarrobicos, que permite atajar posibles incumplimientos frenando la construcción ilegal antes de que se produzca.
Ramos defendió una «modificación equilibrada» de la anterior norma ya que, dijo, mantiene la vigencia de la mayor parte del texto anterior. «Junto a la irrenunciable protección medioambiental de la costa, protege los derechos y la seguridad jurídica de las personas y resuelve una serie de problemas históricos del litoral español aportando soluciones que satisfacen el interés general», remarcó.
Sobre la importancia de reforzar la seguridad jurídica, el secretario de Estado explicó que la nueva ley de costas protegerá «a los miles de ciudadanos que adquirieron legítimamente una vivienda y se vieron después desposeídos». «Nadie podrá comprar una vivienda y descubrir después que no le pertenece porque está en dominio público», señaló. La nueva legislación prorroga hasta un máximo de 75 años las concesiones de antiguos propietarios de bienes en la costa que la actual ley expropió. «Lo contrario significaría acometer miles de demoliciones de viviendas y otros inmuebles a partir del año 2018», explicó Ramos.
El secretario de Estado puso en valor que «por primera vez» se introducen las políticas de lucha contra el cambio climático en una ley de costas española, teniendo en cuenta la adaptación y la mitigación del mismo en nuestro litoral. Así, la nueva ley prevé que, en el plazo de dos años, se disponga de un estudio completo de los efectos del cambio climático en toda la costa española, «algo que jamás se ha hecho».
Por último, Ramos explicó que se persigue fomentar una actividad económica sostenible, para lo que se amplían los plazos máximos de las ocupaciones, y mejorar la protección ambiental de la costa diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas. «Se trata de preservar las playas que se mantienen vírgenes o poco alteradas por el hombre, limitando en ellas las ocupaciones y actividades que pueden realizarse y elevando el grado de protección actual», concluyó Ramos.
Fuente: http://www.elalmeria.es. MAGRAMA
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