El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha trasladado este miércoles a la consejera andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, que modificará el anteproyecto de ley de Parques Nacionales si el Consejo de Estado dice, como alerta la Junta de Andalucía, que invade competencias de las comunidades autónomas.
«El anteproyecto está en Consejo de Estado y hasta que no tenga el informe de éste, en el que le diga si invade competencias de las comunidades autónomas no nos dará una respuesta pero se ha comprometido a que si el Consejo de Estado dice que las invade, cambiará esos artículos porque no quiere invadir ninguna competencia», ha explicado Serrano a los periodistas tras reunirse con el ministro en Madrid. En ese sentido, ha instado a esperar «a ver qué dice ese informe» y ha confiado en el que ministro «cumpla su compromiso».
Cabe recordar que Andalucía mantiene que hay competencias regionales que con la nueva normativa de los Parques Nacionales quedarían afectadas, entre ellas la relativa a que el director del organismo autónomo podría declarar el estado de emergencia en un Parque Nacional, algo que la Junta entiende que es «competencia de la comunidad autónoma y no del organismo».
Parque Nacional de Doñana. Imagen: http://www.andalucia.org/
En ese sentido, ha dicho que Andalucía ya tiene informes jurídicos que dicen que este anteproyecto invade competencias, «además de garantizar menos protección a estos espacios al suponer la apertura a actividades lucrativas y no sostenibles». «Es el miedo que tenemos desde la Junta, que este anteproyecto se apruebe en los términos en los que está y volvamos a la situación de hace diez años cuando el Tribunal Constitucional se pronunció y, en base a su sentencia, en 2007 se redactó una nueva ley».
La Administración regional entiende que esa ley de 2007 está «plenamente vigente» y, tras recordar la consejera que «ha tenido el mayor consenso posible», ha subrayado que «lo que debería haberse hecho era su desarrollo reglamentario y no una nueva legislación» que conduce a que vuelvan «las diferencias y suspicacias entre Administración General del Estado y comunidades autónomas».
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