Con los precios de la electricidad por las nubes, la elevada dependencia energética de España sin resolver y un panorama de obligada reducción de las emisiones contaminantes en los próximos años, al sector energético le sobran los problemas a largo plazo, sin una estrategia clara en el horizonte. Las recetas energéticas entre los partidos de ámbito estatal a los que la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga representación parlamentaria varían, aunque coinciden en algunos puntos: todos apuestan por abaratar la factura eléctrica, apoyan el ahorro y la eficiencia energética, quieren promover las renovables… y hasta ahí las coincidencias. Frente a la complacencia y el continuismo con las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy del escueto programa energético del PP, la mayoría de partidos aboga por un nuevo modelo energético, aunque las propuestas varían.

El PSOE y Ciudadanos reclaman un «pacto de Estado» para una estrategia energética a largo plazo, y apuestan por reformar en profundidad el mercado eléctrico. Los socialistas se encomiendan a un futuro «libro blanco» como el que encargaron cuando gobernaban en 2005 (que se quedó en un cajón), mientras la formación de Rivera coincide con Podemos en su propuesta de trocear a las eléctricas: Ciudadanos va más allá y también tiene en el punto de mira a las petroleras. Quiere «impedir que las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, provenientes de los antiguos monopolios, continúen formando parte de un mismo grupo empresarial», y Podemos promete «controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico, incluida la integración vertical. En particular, se estudiará la posibilidad de separar la propiedad y la gestión de las redes de distribución».

El partido de Pablo Iglesias también plantea que el Estado recupere la propiedad de las centrales hidroeléctricas (uno de los grandes filones de negocio de las compañías) conforme expiren sus concesiones y quiere exigir «una declaración de la Comisión Europea en la que se identifiquen los costes de transición a la competencia (CTC) como ayuda ilegal del Estado». Unidad Popular, único partido que rechaza abiertamente las interconexiones eléctricas con Francia (cree que no hacen falta), apuesta por «avanzar en la nacionalización del sector energético», aunque sin concretar la idea.

Estas son las opiniones de los partidos respecto a los temas candentes del sector:

Rechazo al fracking

Aunque no lo menciona en su programa, el PP es el único partido que apuesta por esta polémica técnica en el marco de una política energética que «aproveche al máximo nuestros recursos». Todos los demás están en contra. El PSOE quiere restringir las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo, «prohibiendo el empleo de las técnicas de fractura hidráulica»; Ciudadanos, sin hablar de prohibiciones, dice rechazarlo por «los evidentes impactos y riesgos medioambientales, la escasez de yacimientos disponibles en nuestro territorio y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales»; Podemos refleja su «compromiso público de no autorizar» estas instalaciones y Unidad Popular va más allá. Además de prohibirlo «en todo el territorio incluidos los casos en los que las prospecciones ya han sido concedidas a empresas», promete «suspender los permisos de investigación o autorizaciones de exploración de hidrocarburos concedidos o en tramitación, en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al Archipiélago Canario».

Cierre de centrales de carbón

Podemos, que estudiará «de cuántas centrales de ciclo combinado [gas natural] se puede prescindir», es el único partido que apoya «el cierre progresivo de las centrales de carbón». El PP, que durante esta legislatura ha defendido la «importancia» de la minería nacional «pero no a cualquier precio», no se moja en una materia sobre la que el PSOE es bastante explícito: reclama «una solución justa para la minería del carbón española» que combine el compromiso de la reducción de emisiones contaminantes «con la necesidad de avanzar en la autonomía energética de nuestro país y la seguridad del suministro». Por ello, apuesta por «mantener el consumo de carbón nacional en la forma prevista en los acuerdos con el sector» y el cumplimiento de una Resolución del Parlamento Europeo que abogaba por «impedir la importación a la UE de productos de la minería extraídos sin garantías sociales, laborales, ambientales y de seguridad». Ciudadanos no se pronuncia, pero apuesta por potenciar «la oferta energética interior», «posibilitando que los ciudadanos y las empresas puedan acceder al máximo número posible de fuentes de energía» y «estableciendo un mix de generación de energía diversificado, sostenible y equilibrado». Unidad Popular tampoco se pronuncia sobre el futuro de las centrales, pero sí apuesta por la «progresiva sustitución de la minería, una industria muy contaminante, por otras alternativas industriales respetuosas con el Medio Ambiente».

Auditar el sistema eléctrico

Los socialistas, que en junio de 2013 no apoyaron en el Congreso una auditoría del déficit de tarifa previa a la reforma energética de José Manuel Soria, abogan ahora por «una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética» y consideran que el Gobierno «no ha explorado todas las posibilidades jurídicas de recuperar determinados pagos en exceso realizados por el sistema eléctrico, así como para evitar posibles sobre-retribuciones». Con menos contundencia que Podemos y Unidad Popular, también partidarios de esa auditoría, el PSOE vincula esa auditoría al déficit tarifario, la multimillonaria deuda que arrastran los consumidores eléctricos por los costes reconocidos a las eléctricas desde principios de la pasada década. El programa del PP, el más parco en materia energética (en propuestas y en cifras) no hace referencia a este asunto, al igual que el de Ciudadanos.

Cerrar las nucleares

En esto también parece haber sintonía entre el PP y Ciudadanos, aunque los primeros son mucho más explícitos. «Mantendremos las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad», dicen. El extenso programa del partido de Rivera (332 páginas) es mucho más ambiguo. Critica la «excesiva dependencia de los combustibles fósiles y del uranio, que no tenemos y hemos de importar», y fija como «prioridad» el «establecer un nuevo modelo energético y lograr una economía baja en emisiones de carbono» (la nuclear no emite CO2 de manera directa), así como un «mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga en un ahorro de costes para empresas y consumidores». Sólo menciona a la nuclear en una ocasión, pero de manera descriptiva, cuando apuesta por cambiar el actual sistema de formación de precios marginalista, por el que la tecnología más cara es la que marca el precio que cobran todas. El resto de partidos sí dice claramente que cerrarán Garoña y el resto de reactores atómicos.

Construir el ATC

El PP es el único partido que apuesta abiertamente por construir el almacén nuclear, la que iba a ser la gran obra pública de esta legislatura, aunque se cuida de mencionar la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno de Rajoy los últimos cuatro años, por las incertidumbres sobre los terrenos elegidos. «Culminaremos la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares», dicen, sin precisar dónde. El PSOE, cuyo apoyo inicial a la instalación ha virado en rechazo, deja claro que no quiere ese municipio. Pero, al igual que Podemos, no explica cuál sería su alternativa. Ciudadanos obvia la cuestión y Unidad Popular, en línea con lo que reclaman los grupos ecologistas, apuesta por minialmacenes anexos a las centrales nucleares existentes, que «cuentan con la mayoría de las infraestructuras necesarias, evitándose contaminar nuevos emplazamientos o exportar el problema».

Derogar el decreto sobre el autoconsumo

El rechazo de la oposición a esta normativa del PP, que ha cercenado el despegue de la generación distribuida en España antes de su nacimiento, es unánime, aunque hay grados. El PSOE promete en su programa «eliminar las trabas al desarrollo» de esta actividad y promover «un marco regulatorio estable y propicio», pero su gurú económico, Jordi Sevilla, ya ha adelantado, sin entrar en detalles, que mantendrá los denominados peajes de respaldo, el conocido como «impuesto al sol». Ciudadanos promete eliminar «cualquier traba» al autoconsumo, considera «improcedente» esos peajes y cree «esencial» el balance neto, que permitiría a estas instalaciones compensar el consumo de un determinado momento con el excedente vertido a la red con anterioridad. Podemos también promete que la energía autoconsumida instantáneamente quede «libre de cualquier tipo de imposición» y la vertida a la red sea «justamente retribuida por parte de la empresa comercializadora». Y Unidad Popular apuesta por «promover el autoconsumo, que ahorra la pérdida de energía en la distribución, subvencionando las instalaciones a cambio de la energía sobrante que se genere».

Recuperar incentivos a las renovables

Tras la moratoria a las primas y la drástica reducción de estos incentivos por el Gobierno del PP, todos los partidos dicen apoyar su desarrollo, aunque con distinta concreción de sus propuestas. El PP se limita a proclamar su «compromiso con la energía sostenible» haciéndolo «compatible con unos precios adecuados y con la sostenibilidad financiera del sector», y apuesta por dar continuidad al mecanismo de subasta selectiva de megavatios renovables que ha anunciado en la recta final de esta legislatura. El PSOE, que también dice apoyar a estas fuentes, reconoce los «muchos éxitos» alcanzados en su desarrollo y subraya «la maduración y el abaratamiento de las energías renovables, y en particular de la energía fotovoltaica», pero también reconoce «algunos errores» de los que dice haber «aprendido», sin concretar cómo las impulsará. Otro tanto con Ciudadanos, que apuesta por «maximizar la utilización de fuentes de energías renovables» sin precisar los mecanismos. El programa de Podemos arranca con la promesa de un plan nacional de energías renovables «centrado en la expansión e instalación de energías renovables limpias tales como la solar, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión» e incluso sugiere recuperar el marco retributivo anterior; y Unidad Popular apuesta por «promover pequeñas instalaciones fotovoltaicas y mini-eólicas, sin trabas administrativas ni penalizaciones económicas»; «establecer líneas de crédito para el fomento de las energías renovables, tanto en instalaciones aisladas como conectadas a la red», e incluso «crear una Empresa pública de energías renovables que dé apoyo técnico y financiero a una apuesta decidida por la producción distribuida a particulares y edificios».

Impedir cortes de suministro a familias en pobreza energética

El PP es el único partido que no aprueba esta propuesta, aunque dice que cambiará el bono social (descuentos en la tarifa de la luz) «garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad» y plantea crear «fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión» participados por la Administración y las propias empresas. El PSOE quiere «incorporar el combate contra la pobreza energética como prioridad» y promete «un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo». Ciudadanos plantea que las eléctricas no puedan cortar la luz, previo informe de los Servicios Sociales, a familias en riesgo de exclusión, con cargo al Presupuesto público, y propone subvencionar instalaciones de autoconsumo para estos colectivos. Podemos quiere garantizar por ley el acceso a un suministro mínimo, de forma que «no se procederá al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, a una situación de pobreza sobrevenida», sin que las compañías puedan «repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores o exigírsela al Estado»; y, en la misma línea, Unidad Popular dice que «garantizará la protección de los consumidores vulnerables, asegurando la accesibilidad y universalidad de los Servicios Esenciales impidiendo los cortes de suministro».

Fuente: Artículo de Antonio M. Vélez http://www.eldiario.es/